El cauce de uno de los arroyos que alimentan al río Ojailén, perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, presenta un estado de contaminación «especialmente preocupante», con riesgo tanto para seres humanos como para animales, plantas y el ecosistema en general. Así lo desvela un informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el que se analizaban muestras de agua y tierra de una zona colindante con la parcela que ocupaba la antigua central de Elcogas, a nueve kilómetros de Puertollano.
Este informe pericial, al que ha tenido acceso La Tribuna, era requerido al Seprona por orden del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Puertollano, a raíz de una denuncia formulada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el propietario de la finca afectada, colindante a la parcela donde Elcogas mantuvo su actividad industrial desde 1994 hasta que fue clausurada en 2016, y donde ahora se ubica la empresa ENCE.
En este informe se refleja la presencia de metales pesados e hidrocarburos en el cauce de este arroyo, y advierte del riesgo de que las lluvias arrastren aguas abajo estas sustancias, por lo que considera «crucial» abordar su descontaminación para mitigar su impacto medioambiental y «proteger la salud de los ecosistemas acuáticos y la salud de las personas». Por ello, estima que es necesario proceder a la limpieza de la zona de manera «prioritaria».
En concreto, el informe del Seprona, elaborado por un especialista en protección de la naturaleza de la Guardia Civil, una química, una doctora en Biología y un licenciado en Ciencias Ambientales, desvela la presencia en las muestras de agua analizadas, en niveles que superan los estándares de salubridad, de los metales aluminio, estroncio, fósforo y hierro, atribuible a las cenizas procedentes de la combustión del carbón y del coque del petróleo. Además, se ha detectado la presencia de aceites minerales, con un origen compatible con la «gestión deficiente de los depósitos de aceite de lubrificación y aguas de lavado» de la antigua central y su posible flujo al suelo y aguas subterráneas.
Las analíticas realizadas para este informe del Seprona sobre las muestras de tierra también revelan una concentración de metales pesados compatibles con la deposición de cenizas volantes provocadas por la central, superando también los niveles de referencia genéricos en antimonio, arsénico, bario, cromo, níquel, plomo, varadio y zinc.
Por todo ello, el documento pericial de la Guardia Civil es contundente al afirmar que este suelo «requiere una evaluación de riesgos para ser declarado suelo contaminado por parte de la administración».
Por último, utilizando la herramienta informática MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental), en el informe del Seprona también se hace una estimación del coste económico que supondría descontaminar esta zona, sobre todo el lecho del río: 1,7 millones de euros. Para esta baremación se ha tenido en cuenta que la superficie del cauce a descontaminar es de 12.816 metros cuadrados, y que habría que hacerlo con una profundidad de 50 centímetros.