Para marzo de 2025 se ha vuelto a señalar el juicio por el que se piden entre cuatro años y medio y cinco años de cárcel para cuatro acusados de robo con violencia e intimidación y detención ilegal, por unos hechos ocurridos en Ciudad Real hace cuatro años. La suspensión de la vista ha sido obligada ante la no comparecencia del abogado de uno de los acusados, Israel A. C., además de la del propio denunciante, que tampoco se personaba esta mañana en la Audiencia Provincial. Ante esta situación, y el expreso deseo del encausado sin asistencia legal de poder buscar otro letrado, el magistrado ha ordenado la suspensión de la vista, hasta el año que viene.

Los abogados de los otros tres acusados han solicitado a la fiscal la reducción de las penas que pide, argumentando que su participación en los hechos fue muy relativa, prácticamente tan solo de acompañamiento, al haber sido "comparsas en una noche loca, con la mala coincidencia de estar en el sitio inadecuado y dar con una persona que les perjudicó", en palabras de uno de ellos, Ramón Alén. Otro de los abogados, Jesús Manuel López Castro, aclaraba ante los medios de comunicación que todos los hechos se reducen a "un intento de cobro de una deuda entre compañeros de prisión", del principal acusado a la presunta víctima (2.500 euros), descartando en cualquier caso que se hubiera producido una detención ilegal. Una tesis que también defiende Francisco Javier Pérez Rodilla, abogado de otro de los acusados, quien considera igualmente que las penas de cárcel solicitadas por la fiscal son desproporcionadas, más en el caso de su cliente, que apenas tuvo implicación en los hechos denunciados. Los tres piden la absolución de sus representados, que fueron "meros acompañantes", no colaboradores.

La presunta víctima, también ausente en la Audiencia, no ejercía acusación particular al no presentar abogado propio. Según Alén, se trata de una persona "de excepcional vulnerabilidad" y con serios problemas de drogadicción. En sus primeras declaraciones habría incurrido en importantes contradicciones, aunque finalmente firmaba un documento en el que exculpa a tres de los acusados, señalando a Israel A. C., con el que tenía contraída esa deuda, según explicaba Alén.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los otros tres acusados habrían colaborado con Israel A. C. para robar al denunciante 300 euros en metálico que llevaba encima y para intimidarlo para que sacara el resto del dinero de una sucursal bancaria. Para ello lo habrían amedrentado y amenazado con matarlo y tirarlo a un pozo de La Atalaya, e incluso de denunciarlo a la Policía por abusos a una de las acusadas.