m. e. / ciudad real
Doce años después, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha decidido absolver a los diez acusados de introducir ilegalmente ciervos de origen centroeuropeo en varias fincas cinegéticas de las provincias de Ciudad Real, Cáceres y Teruel. La sentencia concluye que no ha quedado acreditado que se produjera un delito continuado contra la fauna ni tampoco de falsedad en documento oficial.
La Fiscalía, que pedía más de un año de prisión para cada uno de los imputados, sostenía que entre 2010 y 2013 se introdujeron ejemplares de ciervo procedentes de países como Austria, Alemania o Polonia sin las debidas autorizaciones administrativas, utilizando en algunos casos documentación supuestamente irregular o incompleta. Los animales fueron liberados en fincas de caza mayor como El Gargantón (Piedrabuena), Barranquillos (Torre de Juan Abad y Villamanrique), Peñas Blancas (Villamanrique y Montiel) o El Arenal y Retama (Puebla de Don Rodrigo).
Sin embargo, el juez ha considerado que no había pruebas concluyentes para acreditar que se produjera un daño ecológico, ni que las introducciones de animales se hicieran con dolo penal, ni que su presencia supusiera una amenaza sanitaria o genética para las especies autóctonas.
Entre los absueltos figuran dos hermanos propietarios de una explotación ganadera en Guipúzcoa, desde la que se importaban los ciervos al resto de España.
El abogado José Manuel Díaz-Patón, representante de uno de los empresarios absueltos, destaca la motivación de una sentencia que se ha basado en el testimonio de catedráticos del IREC (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos) de Ciudad Real, que establecían durante el juicio que solo hay una especie de ciervo en toda Europa, con un genotipo único pero con un fenotipo (por influencia externa) variado. «El único científico que decía lo contrario -cuyos informes motivaron la denuncia del Seprona contra los encausados- ha quedado expuesto como defensor encubierto de una granja que presumía de vender una especie hispánica de ciervos -más grandes-, sustentando una teoría sin el más mínimo soporte técnico-científico», explica Díaz-Patón.
Además, pone en valor la importancia de esta sentencia para el sector cinegético de todo el país, ya que muchos cazadores tenían que viajar a países europeos para poder cazar ciervos de mayor tamaño y mayor cornamenta, recordando que durante toda esta más de una década de procedimiento judicial no se ha permitido importar más venados y que los centenares que ya habían sido traídos a estas fincas tuvieron que ser sacrificados.
El letrado aclara que la importación de estos animales no ha producido ningún daño en el ecosistema, como sí sucedió sin embargo en otros casos de especies invasoras como los visones o los cangrejos americanos o las cotorras chinas.
El caso, iniciado en 2013, ha estado marcado por su complejidad técnica y dilaciones procesales. Contra la sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial.