La Semana Santa se ha transformado en un evento de una fuerza cultural y turística innegable. Desde la perspectiva religiosa, nunca he conseguido comprender la magnitud del misterio. La pasión de Cristo, como acto voluntario de expiación de nuestros pecados, tiene unas derivadas cuyos matices se me escapan. En estos tiempos que corren dudo que haya mucha gente que comprenda que hizo, por qué y para qué.

Las contradicciones dogmáticas, existenciales y políticas son cada vez más frecuentes. Es curioso cómo los que se arrogan como protectores de los discapacitados potencian la eugenesia como método de selección natural. Los mayores defensores del bienestar animal incentivan la castración y parecen obviar que si cumplimos la ley, en unos años no habrá mascotas. El empleo de calidad se ha transformado en un eufemismo de paro. La lista es más larga, pero espero que se haya comprendido el concepto.

El problema es que abundan las buenas intenciones sin preguntarse por las consecuencias. Esta hipocresía hace que las comunidades autónomas que más han hecho por proteger el ecosistema del lobo sean ahora las más perjudicadas por una ley injusta.

Los que se preocupan por el medio ambiente están imponiendo unos costes crecientes a la clase media y más desfavorecida por un futuro que quieren evitar, sin permitir siquiera un debate sereno. La proporcionalidad entre el bien a obtener y el daño a evitar forma parte de nuestra existencia. Habría menos accidentes de tráfico si todas las carreteras fuesen autovías o autopistas, pero no es viable. Habría menos fallecidos si tuviésemos hospitales a 50 km, pero es físicamente imposible tener el personal o los recursos para ello. Esta dolorosa realidad es a la que tiene que enfrentarse un gobernante.

La justicia sobre la cuantía de las pensiones es un debate moral apasionante pero complejo. La pensión no está marcada por la aportación a lo largo de la vida profesional, sino que la sufragan los que trabajan ahora y la determina el gobierno. Es una decisión política, no moral ni económica. Todos sabemos que los recursos públicos están destinados a pensiones, sanidad y pago de deuda; el resto, aquellos que hacen una sociedad moderna y próspera, son ignorados.

La duda consiste en preguntarse cuánto tiempo tardarán los jóvenes y los trabajadores en darse cuenta que están pagando la fiesta a los pensionistas. Los políticos no quieren hablar de ello porque exige realismo, honestidad y asumen que no serían votados por los jubilados.