Los gobiernos de coalición siempre son complicados. Tener compañero de viaje puede resultar práctico de cara a una investidura, pero a lo largo de los kilómetros surgen las fisuras. Si además el elegido para la ocasión insiste siempre en decidir qué canción suena en la radio, la andanza se puede volver demasiado engorrosa. 

Ejemplos hay muchos. Ha pasado en Cataluña, con Junts per Catalunya rompiendo con Esquerra Republicana, y más recientemente se ha podido ver el cisma entre Ayuso y Vox en Madrid. Es cierto que en esta última ocasión no hay pacto de por medio, y su vinculación se limitaba a «acuerdos parlamentarios», pero la presidenta madrileña no ha dudado en darles de lado alegando que, tras entenderse mucho de cara a aprobar reducciones fiscales, ahora ya no está de acuerdo con sus ideas.

Peor panorama tiene su compañero de partido Fernández Mañueco en Castilla y León. El primer gobierno de coalición de PP y Vox no deja de protagonizar fricciones y es un aviso a navegantes de lo que puede pasar en Castilla-La Mancha.

Todas las encuestas de cambio de Gobierno dicen que Paco Núñez necesitará del apoyo de Vox para desbancar al PSOE, y es por eso que muchos en el Partido Popular miran de reojo a la vecina comunidad.

Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León, se ha tornado un complicado socio de Gobierno. Sus broncas en las Cortes han  sido sonadas, desde el día que contestó a la procurada socialista con discapacidad Noelia Frutos «que no la voy a tratar con ninguna condescendencia sus faltas de respeto y la voy a responder como si fuera una persona como todas las demás», al apelativo de «banda criminal» con el que se refirió al PSOE en una pregunta sobre la Agenda 2030, o cuando llamó «imbécil» a Francisco Igea (Cs) en plena intervención.

Vox ha ratificado todos esos comentarios con polémicas ideológicas, como cuando anunciaron en junio de 2022 un recorte de 20 millones de euros en lo que denominaron «subvenciones» a patronal y sindicatos dentro del Diálogo Social.

Además, recientemente Vox anunció en Castilla y León su intención de liquidar el Serla (Servicio de Relaciones Laborales), que lleva 25 años funcionando. Una decisión que ha motivado un requerimiento del Gobierno central, porque legalmente no se puede eliminar. 

En cualquier caso, para este año tiene asignados 0 euros en los Presupuestos de la comunidad. Sobre este tema también tiene mucho que ver el consejero de Empleo designado por Vox, Mariano Veganzones, que protagoniza constantes descalificaciones hacia sindicatos: «chiringuitos subvencionados», «casta sindical»; y hacia patronal, a la que acusa de «malgastar millones de dinero en subvenciones».

El protocolo antiaborto es sin duda la cuestión que más ha reverberado fuera de su comunidad. Ofrecer escuchar el latido fetal y una radiografía 4D para las mujeres que quisieran abortar saltó a las direcciones generales de PP y Vox, con Mañueco desmintiendo a su vicepresidente de Vox y el Gobierno central presentando un requerimiento que fue retirado tras la confirmación de que no cambiarían la gestión sanitaria de los abortos.

Todo esto además de su postura ante la violencia de género, a la que califican siempre como «intrafamiliar». Algo que querían incluir en una Ley específica, así como el cambio de la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia, que de momento sigue en dique seco.

En Castilla y León, Vox controla la Vicepresidencia y tres consejerías: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, Empleo y Comercio; y Cultura, Turismo y Deporte.

Se trata de organismos clave para la acción de Gobierno, y siempre están en continua discrepancia con sus socios. Un mal ejemplo para el resto de comunidades autónomas, en donde se otean ya las urnas de las elecciones.

No se sabe qué pasará en Castilla-La Mancha, pero si el PP no quiere verse en una tesitura similar, más les vale hacer como el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y lograr mayoría absoluta. La otra opción de gobernar pasa por intentar controlar a un incómodo compañero de viaje.