La subida del precio de la electricidad y las familias que han tenido problemas con las compañías eléctricas han desbancado a los servicios de telecomunicaciones, telefonía e internet del primer puesto en reclamaciones ante los organismos de Consumo de la provincia de Ciudad Real. Se trata de una posición en la que llevan años las telecomunicaciones y que este 2022, ante el incremento de problemas con el servicio y el aumento de los precios ha derivado en un mayor control de los consumidores. Antes de acabar el año ya se han duplicado las reclamaciones interpuestas en las oficinas de Consumo respecto a todas las que se tramitaron en 2021.«La banca y las telecomunicaciones han cedido el primer puesto a los suministros energéticos», resumió el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, esta situación.
Los datos facilitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha muestran este significativo aumento en el que hay consumidores que han reclamado por aspectos como facturas que no han llegado, una situación que, por ejemplo, ya expuso ante La Tribuna la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Ciudad Real hace unos meses. A ella se sumaron problemas derivados de aplicar los tres tramos horarios o cambios no autorizados de contratos o modificaciones en la facturación.
El organismo dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible explicó que en lo que va de 2022 hay 4.319 consultas y reclamaciones. Las consultas son solo la petición de información por parte de los consumidores a los organismos regionales. Las reclamaciones suman ya 546, por lo que solo «un 12 o 13% de la gente que llega a Consumo pone una reclamación». Para Lara, esa capacidad informativa «muestra la labor que realizan las oficinas municipales de información al consumidor y los servicios provinciales de Consumo».
De todas las reclamaciones, la cifra de suministros eléctricos suma 164, casi una de cada tres de este año, mientras que las telecomunicaciones suponen el 12%, un 15% sumando otros conceptos relacionados con la telefonía. En 2021, 2020 o 2019 los porcentajes eran a la inversa. «Que haya reclamaciones no significa que haya una ilegalidad», advirtió el director general. Hay que tener en cuenta que la reclamación es un paso secundario, porque antes de ponerla se solicita acudir de forma previa al Servicio de Atención al Cliente o al Servicio de Reclamaciones de la compañía, para dirigirse después a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y conocer los derechos en el ámbito del consumo.
Inspecciones.
Por otra parte, la dirección de Consumo cuenta con un plan de inspección anual que el público y que la gente puede conocer qué aspectos se están inspeccionando en las tiendas y que se trata de un análisis distinto al que hacen los técnicos de Sanidad, por ejemplo. Se trata de un análisis de precios o etiquetado que con la pandemia ha cambiado desde una visita a las tiendas físicas hacia una revisión de las tiendas virtuales. «Hacemos inspección y control y seguimiento de precios online», señaló Lara, quien dijo que el primer aspecto que vigilan es que no haya publicidad engañosa en las tiendas virtuales. Para ello, desde la dirección general, «desde la pandemia» han incorporado equipos informáticos para este análisis y que el mismo control que se producía en la tienda física también se haga en la virtual.
«Tratamos de que los portales de venta sean seguros y, como no podemos inspeccionar físicamente, se hace un seguimiento de precios, para que no haya precios abusivos». Además, la dirección general analiza los precios de determinados supermercados y cadenas, para llevar un control de lo que está sucediendo.
En total van 550 campañas de inspección en lo que va de año y que incluyen aspectos como el aceite de oliva, el comercio minorista o el comercio electrónico. En total se han realizado 622 actuaciones, que incluyen 12 denuncias y el resto son actas o informaciones derivadas de esas campañas. De todas ellas, 120 se han realizado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ciudad Real capital. Las cifras son algo menores a las que hubo el año pasado, cuando fueron 1.233 las actuaciones realizadas, aunque hay que tener en cuenta que faltan los meses claves, aquellos más cercanos a la Navidad.
Entre las actuaciones de este año se incluyen aspectos como alertas positivas, las que se trata de la no comercialización por riesgo de juguetes, material eléctrico o disfraces. Ha habido 33 actuaciones, aunque en 22 no se llegó a encontrar el producto por el que surgió la alerta, y en el resto lo normal es inmovilizarlo.