PSOE y PP sacaron adelante la Ley de Simplificación, Agilización y Digitaliazción Administrativa de Castilla-La Mancha, una norma que defendió el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, al considerarla una norma fundamental para agilizar y acerca la administración a la ciudadanía.

La norma dispondrá de tres bloques: el primero, destinado a la simplificación de procedimientos, además de la gestión de los silencios administrativos; el segundo, introducirá la figura de las entidades colaboradoras; por último, la administración se complementará con el uso de la Inteligencia Artificial para la resolución de informes, siempre con la supervisión del personal funcionario.

En Vox, el diputado regional Luis Blázquez acusó a la Junta de llevar un proceso de «privatización en cubierto» al incluir a las entidades colaboradoras. Además, votó en contra al considerarla una «mala ley» y no tener el respaldo de los sindicatos.

Desde el PSOE defendieron al personal funcionario y argumentaron que en ningún momento supondrá una privatización de las funciones de la Junta. Ángel Tomás Godoy, presidente de los socialistas en las Cortes, recriminó a Vox que sacasen adelante esta misma norma en otras comunidades autónomas donde gobiernan junto al PP, como Andalucía.

Santiago Serrano, portavoz adjunto del PP en el Parlamento regional, recordó que su apoyo no será «un cheque en blanco» y que estarán pendientes de que no haya despidos en las consejerías.