Hasta la semana pasada, Irlanda del Norte y su frontera con la UE -la única física del Reino Unido con el grupo comunitario- era el principal escollo para que las negociaciones sobre el Brexit entre Londres y Bruselas pudieran llegar a buen puerto. Pero las partes superaron sus diferencias y alcanzaron un acuerdo que debe ser rubricado por los jefes de Estado y de Gobierno europeos en la cumbre extraordinaria del próximo domingo. De cara a esa cita, la traba ha cambiado de ubicación y ahora se sitúa en Gibraltar, ya que España se niega a apoyar el texto si no se cambian las condiciones del pacto y se da un estatus especial a las relaciones futuras del bloque con el Peñón, algo que ayer la primera ministra británica, Theresa May, descartó.

Según declaró la mandataria ante el Parlamento, el país no excluirá a la Roca de las negociaciones con la UE y recordó que hay un protocolo sobre la cooperación entre Londres y Madrid, aseverando que su Ejecutivo apoya a «Gibraltar, su población y su economía» y que busca un acuerdo favorable para «toda la familia del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar», en alusión a las cuatro regiones del país y sus territorios dependientes.

La premier se mostró «satisfecha» de haber acordado un protocolo que formará parte de un acuerdo entre el Reino Unido, España y el Gobierno de Gibraltar «estableciendo los compromisos de las partes para la cooperación». Dicho protocolo vislumbra la creación de comités hispano-británicos para abordar asuntos como los derechos de los trabajadores transfronterizos, la lucha contra el contrabando, la protección del medioambiente o la cooperación policial.

La mandataria, que horas después viajó a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar las últimas negociaciones sobre el Brexit, también quiso advertir del «riesgo» de que no se pueda llevar a cabo el divorcio si el Parlamento de Westminster rechaza el principio de acuerdo alcanzado con la UE, lo que traería, alertó, más «incertidumbre» al país.

En una agitada sesión en la Cámara, May avisó de que la alternativa de no contar con el consenso de los diputados supondría «más divisiones» o, incluso, «poner en peligro el Brexit».

Por ello, agregó, ella y su Gobierno defienden los «intereses nacionales» y han recibido instrucciones del pueblo, a través del referéndum de 2016, para negociar la retirada de la nación de la UE.

La posibilidad de que no se produzca la ruptura también fue mencionada por la ministra de Trabajo, Amber Rudd, que señaló que «cualquier cosa» puede pasar si los legisladores no respaldan el documento. «Los brexiteers (políticos que apoyan la salida) pueden perder su Brexit», declaró.