El próximo martes, día 13, se va a celebrar en los Juzgados de Ciudad Real una vista previa en la que se decidirá si se adoptan las medidas cautelares que han solicitado los vecinos del pasaje General Rey para que se suspenda de manera inmediata la actividad comercial en los cuatro locales de ocio ubicados en sus zonas comunes y con los que llevan años enfrentados por los ruidos, insalubridad e inseguridad que provocan a los residentes en estos bloques, según han denunciado de manera pública en varias ocasiones. Medidas cautelares que solicitan mientras culmina el procedimiento principal y se señala el juicio oral.
En concreto, en un escrito de denuncia bajo la representación del abogado Jesús Barroso, los vecinos de General Rey solicitan expulsar de los locales a los actuales inquilinos y prohibir a sus propietarios que contraten arrendamientos con actividades nocturnas. Medidas que piden que se ejecuten ya, mientras se le pone fecha a un juicio en el que se citará a declarar como testigos a concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real y a miembros de la Policía Nacional y Policía Local.
Así se recoge en la denuncia presentada al Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, en el que los propietarios del pasaje General Rey número 8 y de los números 4 a 6 de la calle Palma de la capital, representados por el abogado Jesús Barroso, dirigen su acusación contra las cuatro personas propietarias de estos cuatro locales de ocio, y también contra la empresa Secret Zone Ciudad Real, sociedad mercantil que explota estos cuatro negocios del pasaje (La Cabaña, Colores, La Clave y Discoteca Eclipse), en calidad de arrendatarios.
Aspecto actual del pasaje General Rey. - Foto: Rueda VillaverdeEl abogado, en nombre de la Comunidad de Vecinos, ya envió sendas cartas por burofax a los cuatro propietarios de los locales, advirtiéndoles del inminente inicio de acciones legales contra ellos si persistían con la actividad en sus inmuebles, así como a la empresa arrendataria.
En la demanda de juicio ordinario también se pide al juez que condene a los propietarios a la privación del derecho al uso de los locales durante un plazo de dos años «por ser proporcionada a la gravedad y perjuicios ocasionados a la comunidad», además de que se le apliquen las costas del proceso judicial.