El canon del agua del que tanto se está hablando en las últimas semanas, derivado de la aplicación de una directiva europea, no se aplicará en Castilla-La Mancha hasta el 1 de enero de 2025. Así lo ha dado a conocer este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno esta semana.
Padilla avanzó que este impuesto -del que ahora se está elaborando su reglamento de aplicación- contemplará exenciones y bonificaciones para ciertos colectivos (familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas en exclusión social o aquellas que viven en zonas escasamente pobladas), industrias agroalimentarias, empresas y ayuntamientos. Además, los primeros 10.000 litros consumidos de agua al mes, ya sea una vivienda o un establecimiento, tampoco se verán afectados por este nuevo impuesto.
La incidencia del bolsillo en las familias de Castilla-La Mancha va a ser "muy pequeña, un euro y poco" en lo que tenga que ver con el recibo del agua, pero además se van a aprobar bonificaciones y exenciones, de manera que "habrá hogares, incluso, que ni siquiera lleguen a pagar este canon del agua", insistió.
La responsable regional recordó que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para el 2024 -que previsiblemente se aprobará este jueves en el pleno de las Cortes regionales-, se recoge el levantamiento de la suspensión de este canon, cuya recaudación irá destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha.
Su aplicación, según recalcó, conlleva el desarrollo de un reglamento "para hacerlo de la mejor manera posible", por lo que explicó que pesar de que el Partido Popular "está diciendo otras cosas", el canon del agua "nunca se ha cobrado en Castilla-La Mancha y no se va a cobrar en el año 2024".
A los dirigentes populares, que tienen previsto manifestarse este jueves frente al Palacio de Fuensalida para denunciar la aplicación del canon, les solicitó que dejen "las mentiras y la demagogia" y expliquen a sus vecinos que si observan una subida en el recibo del agua es consecuencia de la decisión de sus alcaldes, no del Gobierno de Castilla-La Mancha.