Atención a la coletilla de la pieza informativa que anuncia recursos de inconstitucionalidad contra el separatismo fiscal de Cataluña pactado en su día por el PSC de Illa y la ERC de Oriol Junqueras para que el primero diera el salto a la presidencia de la Generalitat. A modo de adenda, viene la coletilla: "En caso de que termine por aprobarse".
Es la clave. Esperar y ver. Aunque algunos ya hemos apostado por el paso al congelador de una operación llamada a envenenar la convivencia tanto o más que la ley de amnistía. Me remito al desenlace de la reciente reunión institucional de la Generalitat con la Administración General del Estado.
No hace hurgar en la letra pequeña del comunicado que parió la comisión reunida en Barcelona el lunes pasado. Por superficial que sea su lectura, nos ilustra sobre el frenazo y marcha atrás del Gobierno de Sánchez en la reforma de la financiación económica (la de todos y cada uno de los territorios) a partir del reconocimiento de la singularidad técnica e identitaria de uno de ellos.
Es sabido que ese compromiso venía de un acuerdo entre partidos, pero lo que se ventilaba el lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat afectaba al resto de las Comunidades Autónomas, especialmente a las del llamado régimen común (todas menos Navarra y Euskadi, de singularidad constitucionalizada por razones históricas).
En ese momento procesal los genios de la Moncloa -algunos sin diagnosticar- se dieron cuenta de que no había agua en la piscina. O sea, que los inconvenientes de perseguir la cuadratura del círculo (solidaridad no casa con privilegio, bilateralidad no casa con multilateralidad) desbordaban con creces a las ventajas.
Frente al cabreo generalizado del resto de los territorios, incluidos los gobernados por el PSOE, la única ventaja visible se reducía al salvavidas que los siete socorristas de ERC en el Congreso podrían echarle a Pedro Sánchez cuando ya le llega el agua al cuello por el acorralamiento político, judicial y mediático al que está siendo sometido.
Por todo eso, y otras cosas que darían para otro artículo, el columnista opina que el llamado cupo catalán se encamina hacia el limbo de una legislatura en fase terminal. Si además tenemos en cuenta que las encuestas anuncian un más o menos próximo cambio de signo político en la presidencia del Gobierno, se entiende que todo vaya a quedarse en la fundacional declaración de intenciones de dos determinados partidos políticos de ámbito catalán.
Se va a desvanecer como el mal sueño de una noche de verano bajo la luz incierta de este compromiso: Estado y Generalitat mantendrán contactos para negociar el nuevo modelo "a partir de unas reglas comunes", en virtud de las "necesidades y singularidades del resto de los territorios". Buena noticia.