Ha sido nada menos que la Comisión Europea la que ha propuesto armonizar las penas por corrupción entre los socios y ha pedido endurecer la malversación, ese delito que el Gobierno de Pedro Sánchez rebajó en una artera reforma del Código Penal -que incluyó la derogación de la sedición- con el único propósito de hacer un favor a los independentistas catalanes condenados en la sentencia del procès a cambio de que sus socios le garantizasen un final de legislatura tranquilo. Lo que han querido dejar claro, en definitiva, las autoridades comunitarias, es que malversar fondos públicos también es una forma de corrupción, haya o no lucro.
Uno de los dirigentes políticos que ha hablado con más claridad tras conocer el planteamiento de Bruselas ha sido el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. El barón socialista no le suele bailar el agua al secretario general de su partido, y en más de una ocasión ha mostrado su disconformidad con las medidas más controvertidas del Ejecutivo de coalición. En este caso se volvía a explicar con una claridad meridiana y en una entrevista en televisión arremetía de nuevo contra la rebaja de penas que el PSOE pactó con ERC. Un acuerdo que «sobrepasa cualquier límite político», llegó a decir el mandatario castellano-manchego. García-Page ya se había pronunciado sobre la cuestión hace unos meses, llegando a señalar que no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena.
Lejos de darse por aludido tras la llamada de atención de la Comisión Europea, el presidente del Gobierno sacaba pecho y señalaba que la propuesta de equiparar el castigo entre los socios europeos por el delito de malversación pilla a España con los deberes hechos, a pesar de que la medida, de aprobarse, obligaría al Ejecutivo a dar marcha atrás a la reforma de este tipo penal para aumentar la pena a un mínimo de un lustro. El cambio pactado por el PSOE y sus socios -y promovida por Esquerra Republicana de Cataluña- castigaba a los cargos públicos que «destinen a usos privados el patrimonio público sin ánimo de apropiárselo» con una pena máxima de tres años de prisión y una inhabilitación de uno a cuatro.
Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tendía la mano a Pedro Sánchez para acometer una contrarreforma del Código Penal que, además de atender las demandas de Bruselas sobre la malversación, incluya también la derogada sedición. No cabe esperar una respuesta afirmativa desde Moncloa a este ofrecimiento. Las urnas están demasiado cerca y las llaves del palacio presidencial siguen estando en el bolsillo de los socios soberanistas.