El Consejo de Ministros aprobó ayer martes la nueva ley que regulará el teletrabajo en el sector privado, al igual que la semana que viene espera hacer con el colectivo de trabajadores de la administración pública. La patronal, el Estado y los sindicatos lograron limar sus diferencias en la mesa de negociación y dieron el visto bueno para que este texto se haga realidad, reconociendo así los derechos y deberes de una figura de desempeño laboral que se ha puesto en valor durante los meses de confinamiento.
Sin embargo, en lo que al sector privado se refiere, desde la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) se advierte que esta ley es de complicada implantación en una provincia cuyo tejido empresarial está formado en su inmensa mayoría por pymes o autónomos, con una media de siete trabajadores cada una. Por ello, su presidente, Carlos Marín, avisa que el teletrabajo vendrá bien para facilitar la conciliación familiar o para mirar por la salud de los trabajadores en tiempos de pandemia, pero sólo en algún caso concreto. «Esta ley no va a ser la panacea. El teletrabajo es positivo, pero si se aplica con cabeza, fruto de la negociación colectiva, y si se deja que sean las partes que conocen las características de cada sector las que regulen su aplicación. Porque aplicar el teletrabajo en sectores como el transporte, comercio, la construcción o el agroalimentario es complicado», afirma el presidente de los empresarios de Ciudad Real.
Además, Marín cree que debe ser la administración pública la que «incentive donde se pueda» la aplicación del teletrabajo subvencionando la adquisición de los equipos telemáticos que las empresas necesiten para ponerlos a disposición de sus empleados.
En términos generales, esta ley reconoce la existencia de teletrabajo cuando el 30 por ciento de la jornada laboral (día y medio a la semana) se realiza fuera, le da un carácter de voluntario y reversible y al trabajador se le reconocen los mismos derechos que a un empleado presencial. Además, la empresa es la que debe asumir los gastos que acarree poder realizar el teletrabajo.
SECTOR PÚBLICO
Ahora, el Consejo de Gobierno aprobará una ley propia para el sector público, tanto para el personal funcionario como laboral, que en Ciudad Real suman 31.459 empleados. Desde el sindicato CSIF, mayoritario en este ámbito, se aplaude que esta ley vaya a ver la luz en breve porque «era una reivindicación histórica» que llega para ayudar a la conciliación familiar de los trabajadores, según Carmelo Gómez, responsable regional de prevención de riesgos laborales.