De una vida de tribunales, traje y toga a una jubilación de 400 euros. Es la denuncia que realiza el movimiento #J2, que desde 2023 está luchando porque el actual sistema de jubilación de abogados y procuradores no les condene a una etapa postprofesional sumida en la precariedad económica y la incertidumbre. Hablan de una «situación límite» que ha puesto «en pie de guerra» a abogados y procuradores de toda España, y por supuesto de la provincia de Ciudad Real, donde están contabilizados más de 1.300 mutualistas.
Este movimiento nace cuando los letrados y procuradores tomaron conciencia de la «situación de desamparo» en la que les había colocado la Mutualidad de la Abogacía y Procuradores, en palabras de la portavoz en la provincia del movimiento #J2, Elena Bello.
Una problemática que se remonta al año 1996. Hasta entonces, para ejercer en la abogacía era obligatorio estar dado de alta en la Mutualidad, bajo un sistema de capitalización colectiva, pese a que desde 1980 el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya disponía de la potestad de integrar a todo el colectivo de abogados de forma directa en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), aunque no optó por ello.
Pero desde ese año, 1996, legalmente ya existía la opción de acudir al RETA de manera individual, aunque solo resultó ser una posibilidad «más teórica que real» puesto que si se hacía, y se daban de baja en la Mutualidad, se perdían los años de cotización y todo lo aportado hasta la fecha, empezando a cotizar en el sistema público desde cero.
En el año 2005, gracias a una nueva legislación, se procedió a una profunda transformación de la Mutualidad, pasando de un sistema de reparto de capitalización colectiva a individual. Todo ello sin contar con la opinión de los mutualistas y provocando «la desprotección social del colectivo», algo de lo que los responsables de la Mutualidad «eran plenamente conocedores», ya que tenían en sus manos el informe Mercer, del que no se dio traslado individualizado y fehaciente a los mutualistas.
El movimiento #J2 subraya que tanto la Mutualidad como los Colegios de Abogados y el propio CGAE ocultaron el contenido de este informe y las negativas consecuencias de ese cambio de sistema de capitalización, pese a tener en sus manos la información, donde se recogía que el sistema alternativo de previsión social de la mutualidad era un producto «de alto riesgo». En Castilla-La Mancha, al igual que en la mayoría de las comunidades autónomas, no se informó a los mutualistas.
Es más, advierten que no solo ocultaron ese riesgo, sino que pusieron en valor las supuestas ventajas de la Mutualidad frente al RETA a través de los colegios profesionales y revistas. «Nos han tenido totalmente desinformados», lamenta Bello. El resultado de todo ello son profesionales jubilados que cobran entre 300 y 400 euros al mes (en 12 mensualidades) y sin actualización al IPC.
Pasarela al reta
Por todo ello, el movimiento #J2 exige una pasarela al RETA, «voluntaria e individual inclusiva para todos», traspasando los años cotizados en la Mutualidad más la totalidad de las cuotas y aportaciones abonadas a ella, actualizadas al IPC, más los intereses generados por las mismas y la parte que corresponda a cada mutualista por su participación en las sociedades constituidas con fondos propios de la Mutualidad.
Para conseguir tales fines están alternando varías vías, la política, la jurídico penal y la presión en las propias mutualidades. #J2 ha celebrado dos grandes manifestaciones en Madrid, con amplia representación de abogados y procuradores de Castilla-La Mancha, ambos grupos se están realmente comprometidos para conseguir una regulación justa que facilite una pasarela al RETA voluntaria e inclusiva para todos.