En estos tiempos de desesperanza ante un gobierno huérfano de principios, falto de sentido de Estado y sobrado de corrupción y engaños sucesivos, en infinidad de ocasiones los españoles han mirado hacia Bruselas, con la convicción de que la Unión Europea actuaría ante cualquier sospecha de irregularidad.
Nadie de cierta edad olvida que se nos cerraron las puertas del Mercado Común durante la dictadura por no cumplir las normas básicas de la democracia, y aún después nos costó mucho esfuerzo, con exámenes exhaustivos, que la CEE, actual UE, nos admitiera. Luego se abrió la mano hacia los países del Este, primaron los intereses mercantilistas más que los compromisos con la democracia. Pero esa es otra historia.
En estos años de sanchismo desbocado, en infinidad de ocasiones millones de españoles tuvieron la esperanza de que las autoridades comunitarias llamaran al orden al gobierno español. Pero apenas movieron fichas. Algunas de esas autoridades, fundamentalmente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, parecía tan fascinada por Pedro Sánchez como personas de su gobierno de trayectoria impecable hasta que se sentaron en la mesa del Consejo de Ministros. De golpe, dejaron de defender lo que defendían y abrazaron causas que consideraban inaceptables.
La ley de la amnistía a la que ha dado luz verde el Tribunal Constitucional ha chocado con el equipo jurídico de la Comisión Europea, que ha enviado al TJUE un informe demoledor para el sanchismo y para los miembros del TC que han apoyado la amnistía. Coincide con el informe de la Comisión de Venecia -Consejo de Europa- que visitó España hace unos meses y se entrevistó con autoridades y expertos para conocer en profundidad la situación de la justicia española y de los tribunales, fundamentalmente el TC, ante el cúmulo de asuntos de índole política que debían dilucidarse en esos tribunales. No por esa índole política, sino porque podría tratarse de casos delictivos. Casos de corrupción.
La última palabra sobre los casos sobre los que informó el martes el abogado de la Comisión Europea -Carlos Urraca, con casi 20 años en el cargo- la tiene el Tribunal de Justicia de la UE, y nada garantiza que vaya a asumir lo que dice la Comisión, que la decisión del TC a favor de la amnistía estaba relacionada con el apoyo de partidos que, favorecidos por la amnistía, garantizaban la continuidad del actual gobierno.
Esa relación la conoce toda España, protagoniza del debate político, la recogen los medios de comunicación no contaminados por el sanchismo, y también los medios internacionales con corresponsalías en España.
El TJUE se pronunciará cuando toque, y será entonces cuando se producirá la satisfacción de quienes consideran que la amnistía es llanamente una compra de voluntades o, por el contrario, llegará la decepción si el TJUE no lo considera así. Pero, al menos, los españoles acaban de recibir una señal desde Bruselas: la Comisión encargó un informe riguroso a su comité jurídico para presentarlo al tribunal. Es decir, en Bruselas importa lo que ocurre en España.