La Audiencia Nacional ha iniciado el proceso para embargar los bienes del expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y de su exdirector general, Ildefonso Ortega, acusados de los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales de la entidad y de administración desleal. El juez Pablo Ruz, instructor del caso, les impuso por ello una fianza civil de 138,2 millones de euros a pagar a finales de año. Cantidad que no se ha sido abonada en plazo por ninguno de ellos, según confirman fuentes judiciales a La Tribuna.
Ya lo avisó el propio Hernández Moltó el pasado 19 de diciembre, cuando fue a recoger en mano la documentación en la que el juez le informaba de la acusación en su contra y de la fianza a pagar. Entonces declaró ante los medios que «es obvio que no voy a poder hacer frente a esta fianza, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá que proceder al embargo de los pocos bienes que tengo».
La Audiencia Nacional puso en marcha a principios de año una averiguación patrimonial sobre los bienes de ambos acusados. Una investigación que ya habría terminado y que ha concluido con el embargo solidario de sus cuentas, acciones y propiedades, con el fin de cubrir los posibles daños patrimoniales acaecidos en CCM a causa de su gestión.
Cabe advertir de que el impago de esta fianza civil no supone en modo alguno el ingreso en prisión de los acusados, como sí ocurre en las causas penales. En el juicio oral que se abrirá en breve se verá si esta petición de fianza se transforma en responsabilidad y, por tanto, se obliga al pago de la misma.
En ocasiones simulares -como el caso Bankia- el proceso de averiguación patrimonial es el siguiente: la Audiencia solicita información sobre los acusados al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria y procede después al embargo de los bienes detectados, empezando por los que generan mayor liquidez, como son las cuentas bancarias y las acciones.
En el auto hecho público el pasado 16 de diciembre, el juez Ruz requería a Hernández Moltó y a Ildefonso Ortega una fianza civil solidaria de 138,2 millones de euros, una de las más altas que se recuerda (en el ya citado caso de las tarjetas B de Bankia, se solicitó 16 millones para Miguel Blesa y 3 para Rodrigo Rato). El magistrado atendía con esta abultada fianza la petición de la acusación ejercida por Banco Castilla-La Mancha (heredero de la extinta caja regional), en concepto de indemnización por el perjuicio económico sufrido en la entidad a causa de las operaciones investigadas en este caso.
Juicio oral. Terminada ya la instrucción del caso CCM, que arrancó a finales de 2010, el caso está ahora en manos al Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional, que debería ahora abrir el juicio oral.
Cabe recordar que en su primer auto sobre el caso, el juez Ruz ya hablaba de que Ildefonso Ortega, «siguiendo instrucciones» de Hernández Moltó, procedió a «elaborar y presentar» una cuenta de resultados para el ejercicio 2008 con beneficios, «siendo ambos conscientes» de que «la entidad en realidad había incurrido en pérdidas».
En esta misma línea, la Fiscalía acusa a Hernández Moltó y a Ortega de llevar a cabo una «maniobra contable» para que las cuentas de la entidad al cierre de 2008 presentarán unos beneficios de 29 millones, y no los 192 millones de pérdidas que luego constató el Banco de España tras la intervención.
En su defensa, tanto Hernández Moltó como Ildefonso Ortega han alegado siempre que estas cuentas falseadas nunca llegaron a ser aprobadas por el Consejo de Administración de la caja, pese a haber sido mandadas a la CECA y al Banco de España.