La Inspección de Trabajo ha fijado su atención en la contratación que se realiza a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), donde quiere que se regularicen aquellos contratos que no son acordes a la actividad que desarrollan los empleados. Para ello, desde el Ministerio de Trabajo se han enviado unas 600 cartas en toda España que alertan de posibles irregularidades. De momento, explicó a este diario ek director territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, Juan Díaz, se está en esa primera fase informativa, que dará paso a una campaña de inspecciones 'in situ'.
«Tratamos de que se regularicen las plantillas antes de que se sancione», dijo Díaz, explicando que el objetivo es que las empresas, con la comunicación previa, puedan llevar a cabo los cambios de contratación, de manera que si tienen a empleados contratados de manera tempora como fijos discontinuos, y en realidad realizan trabajos permanentes, deben pasar a considerarse plantilla estructural de las empresas, comentó Díaz a modo de ejemplo.
Para llevar a cabo la selección de las empresas a las que se remiten las comunicaciones se realiza un cruce de los datos disponibles y a partir de ahí se determina dónde se pone la lupa de la Inspección.
En este caso, las empresas deben tener en cuenta también los cambios que introdujo la reforma laboral Díaz explicó que esas modificación dejaron «una reducción de los supuestos en los que acudir a las ETT» y, por tanto, más facilidad para detectar posibles fraudes en la contratación. Además, la Inspección de Trabajo realiza, como todos los años, una segunda campaña en la que hay previstas más de un centenar de inspecciones en la región, hasta 104, de las que una veintena se desarrollaran en la provincia de Ciudad Real, donde se analizan tanto los datos de kas empresas que contratan con ETT como si cumplen con el salario que corresponde a esos trabajadores, así como si tienen las debidas condiciones de seguridad y salud, ya que el hecho de que tengan empleos temporales no merman sus condiciones laborales, detalló Díaz.
En aquellos casos en los que la empresa no regulariza, de motu propio, la situación de trabajadores con irregularidades en la contratación se activa el siguiente paso: las sanciones. En este caso, hay que tener en cuenta, explica Díaz, que ahora es «una sanción por cada contrato, de manera individual», y el importe mínimo de la multa es 1.000 euros, mientras que antes era una infracción por todos los trabajadores irregulares y con una sanción de entre 350 y 700 euros, de manera que el montante se puede ver incrementado considerablemente y, por tanto, «es más disuasorio de lo que era antes», concluyó.