La Concejalía de Servicios a la Ciudad, en su objetivo de establecer un equilibrio entre el derecho al descanso de los vecinos y a la actividad económica, continúa realizando mediciones de la contaminación acústica a través de los sonómetros que tiene instalados en distintos puntos de la capital. Una meta que, salvo en contadas excepciones, «se consiguió en 2024», tal y como subraya el titular del área, Gregorio Oraá, que valora el trabajo desarrollado por los técnicos de la Concejalía en coordinación con la Policía Local.
En las calles del Torreón, declarada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en octubre de 2022, se levantan diez sonómetros y todos ellos rebasaron el umbral permitido de contaminación acústica en la franja nocturna, entre las once de la noche y las siete de la mañana, fijado en 55 decibelios. En el resto de tramos, el diurno y el vespertino, no superaron los 65 decibelios, el nivel máximo autorizado. En declaraciones a La Tribuna, Gregorio Oraá, que estuvo acompañado por el ingeniero técnico Antonio Sánchez, explica que una vez que finalicen los cinco años de vigencia de la ZPAE, en 2027, se analizarán todos los datos recopilados y se adoptarán las medidas correctoras que sean necesarias.
Eso sí, ambos aclaran que el ruido que miden los sonómetros es el del exterior, el producido, por ejemplo, por la gente que sale de bares y discotecas a fumar a la calle o por los coches que circulan por la zona, por lo que «nada tiene que ver con los establecimientos hosteleros que, en el 99,9% de los casos, cumplen rigurosamente con la normativa». «Cada uno de estos establecimientos dispone de un limitador acústico interno y rara vez recibimos un acta de la Policía Local», apostilla el concejal.
La Zona de Protección Acústica Especial afecta a salas de conciertos, cafés-espectáculos, restaurantes-espectáculo, cibercafés, establecimientos de baile, de ocio y diversión y de hostelería y restauración. Antonio Sánchez recuerda que una ZPAE «congela la situación hostelera de la zona» hasta que vence su vigencia, y no permite la concesión de nuevas aperturas. Sí contempla la autorización de cambios de actividad hacia negocios con horarios de cierre más reducidos que la actividad previa, y que, además, reduzcan el aforo o los niveles de emisión al interior.
Calle Toledo. En relación con los sonómetros instalados hace algo más de un año en la ronda de la Mata y en el número 20 de la calle Toledo, Sánchez hace un balance dispar. Sobre el primero comenta que «no presenta unos valores ajustados», porque el área que mide, a diferencia de las calles del centro, «no está regulado tan claramente como una zona residencial». En el segundo han detectado un ligero desfase en el tramo nocturno, el más restrictivo, que supera el umbral de los 55 decibelios permitidos. La media del año se sitúa en 57. Por el contrario, el promedio en la franja matinal y vespertina es de 63,8 decibelios, cuando el límite se establece en 65.
Con estos datos encima de la mesa, Servicios a la Ciudad se plantea ubicar sonómetros en otros puntos de la calle Toledo, para ver su evolución y hacer un análisis más global de la situación acústica de la zona.
En otro orden de cosas, Oraá alaba la labor de los técnicos en el pasaje General Rey, uno de los focos más problemáticos desde el punto de vista de la contaminación acústica, donde ya no queda ningún establecimiento hostelero abierto. «Acudieron a hacer mediciones de ruido y requirieron el aislamiento total del último porque incumplía la ordenanza municipal», sentencia.