Tanto la sociedad como las administraciones nacionales e internacionales entienden que el camino hacia la transición energética no será posible sin inversión, pero siendo esto así, también es imprescindible identificar y definir dónde se debe invertir para que la transición sea efectiva y preguntarse, además, si los diferentes colectivos están preparados  para asumir el esfuerzo económico que será necesario para hacer posible la transición energética.

Transición, tecnificación, digitalización y descarbonización son palabras que, en el caso de la red eléctrica, están indefectiblemente ligadas a inversión.

Es evidente que el foco del protagonismo de esta transición se está poniendo en las redes eléctricas. Y España puede presumir de ser un caso de éxito en lo que a distribución de electricidad se refiere por su robustez, fiabilidad y alto nivel de tecnificación: estamos preparados para que el binomio redes-renovables sea una realidad.

Pero no es menos cierto que las nuevas realidades, como el autoconsumo, el desarrollo del vehículo eléctrico o la penetración de las renovables precisarán de inversiones adicionales. Por ejemplo, Castilla-La Mancha necesitaría acometer entre 6.900 y 8.600 millones de euros de inversión en reforzar sus redes eléctricas para poder integrar de forma adecuada la energía renovable a instalar en los próximo años, de entre 6,7 y 8,4 gigavatios/hora, uno de los más altos de toda España, según el estudio elaborado por Monitor Deloitte ‘La contribución de las redes eléctricas a la descarbonización de la generación eléctrica y la movilidad’.

El rol de los distribuidores. No obstante, los distribuidores eléctricos deben avanzar aún más en tecnificar la red para dotar al sistema de la flexibilidad necesaria que permita integrar recursos energéticos distribuidos, el autoconsumo, el almacenamiento y la movilidad eléctrica. Y, por otra parte, en digitalizar los procesos de explotación de las redes, elemento que será la clave para evolucionar la red desde una plataforma física a una virtual en la que los diferentes agentes puedan interactuar con el distribuidor para optimizar una generación y una demanda cada vez más distribuidas y dinámicas.

La labor no es fácil. Los distribuidores gestionan en España casi 30 millones de puntos de entrada y salida de energía y más de 1.000.000 de kilómetros de redes, el equivalente de viajar casi tres veces de la Tierra a la Luna. Tecnificar y digitalizar este sistema requerirá fuertes inversiones, más de 25.000 millones de euros en 10 años según el informe de Monitor Deloitte.

En un sector regulado, ¿cuál es el incentivo de los distribuidores para invertir estas cifras? La respuesta es la retribución. Para movilizar este capital es imprescindible un marco retributivo de la actividad de distribución adecuado, que reconozca el esfuerzo de inversión necesario y su importancia y, en consecuencia, reconozca una rentabilidad razonable a estas inversiones. Además, el esquema retributivo debe reconocer el perfil de riesgo adicional que tienen las inversiones en tecnología y digitalización, e incentivar la innovación para mantener la industria eléctrica española en la vanguardia.

Para ello, se deben desarrollar mecanismos legislativos que permitan el desarrollo de ‘fintech eléctricas’, como mecanismo para pasar lo antes posible de la innovación en el laboratorio a la escala real, sin poner en riesgo el sistema eléctrico.

Invertir en redes es también una de las grandes palancas para aprovechar la oportunidad de transformar nuestro modelo productivo aprovechando los retos de la transición energética, posicionando a nuestra industria eléctrica en la vanguardia mundial: invertir en redes eléctricas es invertir en el futuro de nuestra industria, en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad.