La asociación de afectados por la no legalización de pozos en la zona del Alto Guadiana ha denunciado que aún siguen sin regularizar 1.600 pozos de agricultores a título principal, que llevan 12 años esperando una regularización que si se ha hecho efectiva en 4.500 pozos dedicados a cultivos leñosos. Tras más de 12 años de espera, aún están pendientes de regularización unos 1.600 expedientes de explotaciones ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, anteriormente en el ámbito del Acuífero 23 y ahora de las masas de agua subterráneas Mancha Occidental I, II, Rus Valdelobos y algunos de Sierra de Altomira. Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación de Afectados por la No legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP), Miguel Fernández, durante la asamblea general que se ha celebrado en Tomelloso (Ciudad Real) y a la que han asistido más de 120 agricultores de localidades afectadas y representantes de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II. En una nota de prensa enviada por la asociación, Fernández ha lamentado que tras doce años de espera la solución no haya llegado y ha denunciado "la discriminación que hemos sufrido respecto a otros propietarios de pozos que no son agricultores a título principal y que, a pesar de estar en nuestra misma situación, sí vieron como sus pozos se regularizaron". Fue el caso de 4.500 expedientes que solicitaron la legalización como cultivos leñosos, vía para la que no era necesario ser ATP, ha precisado Fernández quien ha explicado que los 1.600 restantes tramitaron la regularización como agricultores a título principal, siguiendo las recomendaciones del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). "Nos dijeron que de esa manera tendríamos más agua y prioridad a la hora de legalizar nuestros pozos" pero lo que ocurrió "fue todo lo contrario", que a los que no eran agricultores a título principal con pozos para cultivos leñosos los regularizaron "y nuestros expedientes fueron aparcado", ha asegurado Fernández. En este sentido, ha indicado que la explicación que se les dio en su día es que se compraron derechos de 14 hectómetros cúbicos de agua para solucionar la situación de los 6.000 expedientes iniciales, pero con esa cantidad sólo se pudieron regularizar en torno a 4.500 de cultivos leñosos, de agricultores no profesionales.