La instalación, puesta en marcha, conexión a la red y mantenimiento de la planta fotovoltaica del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam), con sede en Tomelloso, supondrá una inversión de cerca de 115.000 euros. Tal y como avanzó hace unos meses el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en funciones, Francisco Martínez Arroyo, el objetivo es la generación de energía eléctrica para el autoconsumo de este centro, adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf). En concreto, la planta se ubicará en el edificio que cumple las funciones de bodega del Ivicam, puesto que cuenta con una amplia cubierta que resulta óptima para la instalación de este tipo de placas de generación eléctrica para autoconsumo, con el fin de reducir la contaminación y conseguir un ahorro en los costes generados por el consumo de electricidad. La esencia de este proyecto viene recogida en la Ley de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética de Castilla-La Mancha (2007), que aboga por «potenciar una cultura energética basada en prácticas viables que hagan posible el ahorrro y la eficiencia energética, incluyendo el uso de sistemas eficientes». La planta, que estará en funcionamiento en el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha en un mes, una vez que se formalice el contrato de las obras, consistirá en 165 módulos fotovoltaicos que generarán una potencia pico total de 54,45 kilovatios. Es una apuesta que está incluida en la Estrategia contra el Cambio Climático en la región, que persigue un progresivo cambio de modelo energético que ayudará en los próximos años a ahorrar combustible y limitar la emisión de gases invernadero. Además, tal y como enfatizó Martínez Arroyo, «la energía verde va a generar mucho empleo». Esta actuación, al igual que la inaugurada hace unos meses en la Viceconsejería de Medio Ambiente, en Toledo, forma parte de un plan regional que está dotado con 50 millones de euros para instalar placas solares en 851 edificios de titularidad pública. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, el ahorro en recursos públicos permitirá amortizar estas instalaciones en cinco años.