La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido esta mañana al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. Junto a Rubio (PSPV) y Grau (PP) también ha sido detenida la hija del exvicealcalde, un empresario y otras 10 personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de las actuaciones. Según fuentes consultadas por La Tribuna son tres las personas detenidas en relación a esta operación en el municipio ciudadrealeño por la UCO debido a su vinculación con esta causa iniciada por un juzgado en el año 2017.
Rubio, quien ocupó el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano, ha sido detenido en su domicilio, hasta donde se han trasladado diferentes agentes para realizar un registro. Ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia. Así mismo, la UCO se ha trasladado a primera hora de este jueves hasta el domicilio de Grau, mano derecho de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, para practicar otro registro.
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado. La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra investigado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.
Tras conocerse su imputación en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue "extremadamente escrupuloso" con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.
Por su parte, Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.