Rotunda, aunque con dolor y con oxígeno, la octogenaria declaró ayer en  la Audiencia Provincial que tenía plena confianza  en su hija y en el yerno cuando les dio poderes   respecto a sus cuentas bancarias sin pensar nunca que iban a sacarle casi todo el dinero que tenía (más de 200.000 euros, según su abogado).

Josefa M. S., de 85 años, se quedó sola en su casa de Fontanosas tras el fallecimiento de su hijo (el segundo que enterraba). Su hija Máxima y su yerno Antonio se fueron a vivir con ella porque necesitaba de terceras personas y por eso se quedaron a su cuidado.

La octogenaria, según el informe de los forenses, padecía un deterioro cognitivo que mermaba su capacidad de comprensión. Estado que su hija y su yerno presuntamente aprovecharon para apropiarse presuntamente de casi todo su capital (en un año sacaron 96.000 euros) y también para que les donara la herencia del hijo fallecido, más de cien fincas. De ahí que el fiscal considere determinante la prueba pericial de los forenses, que tendrá lugar el  7 de julio.  Su testimonio será clave ya que permitirá saber si la anciana era vulnerable y fácilmente manipulable o no.  

Ayer respondió rotunda que nunca les dio el dinero y que firmó la escritura de adición sin saber lo que firmaba y por miedo a que la llevaran a una residencia.

Cuando murió su hijo aceptó la herencia y más tarde la llevaron a una notaría de Pozoblanco (Córdoba) para la firma de dos escrituras y la donación. Según la letrada que preparó estos documentos, se ajustaban a los bienes que Josefa les quería dejar y a la voluntad del hermano fallecido.

La octogenaria, que ha mejorado desde que está con otro hijo y una mujer se encarga de sus cuidados, desmintió a su hija y a su yerno que solo respondieron a preguntas de su abogado. Proclamaron su inocencia y aseguraron que se han desvivido por ella y que han trabajado mucho en la explotación agropecuaria de la madre. Al término de la sesión de ayer, la anciana miraba con pena a su hija, que la rehuyó.

El fiscal jefe, Luis Huete, que ejerce el Ministerio Público en el juicio, avanzó que va a modificar sus conclusiones provisionales en lo concerniente a la responsabilidad civil porque las fechas que constan en autos son desde 2014 y los delitos patrimoniales entre parientes están exentos de responsabilidad criminal cuando no hay violencia. Ese precepto del Código Penal ha sufrido una reforma y todas las extracciones de dinero anteriores al 1 de julio de 2015 están exentas. De este modo, se limita la reclamación a 81.000 euros, en lugar de los 179.000 que solicitaba.

El letrado Ángel Luis Romero Alarcón, que ejerce la acusación particular, cifra la responsabilidad civil en 220.000 euros, pero también la rebajará en virtud de la citada reforma legal. Sin embargo, todo indica que van a mantener  la petición de cárcel, en el caso del fiscal siete años por apropiación indebida y estafa. La acusación particular eleva a 11 años la petición de cárcel.