El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 3% ha requerido documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, a la que pertenece TV3, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en la investigación sobre supuestos pagos de gastos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cargo de la productora Triacom.

Una decisión, adoptada en un auto del pasado 29 de septiembre, que se ha traducido en un operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para tratar de indagar en una supuesta trama de facturación falsa, según informan fuentes jurídicas, en la que la citada productora habría pagado gastos relativos a la campaña electoral de 2010 de la extinta CDC.

En aquel auto el juez no solo se dirigía a la Corporación, sino que también efectuaba requerimientos al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a otras entidades como la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el Institut Catalá de Las Empreses Culturas, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, además de a varias sociedades privadas como Mediapro.

El juez Santiago Pedraz quiere conocer "todos los contratos" suscritos entre la Corporación Catalana y la productora Triacom entre 2008 y 2016, además de documentación sobre las normas internas de contratación del ente público o los cargos que desempeñó Josep Oriol Carbó -imputado en la Audiencia.

Requiere también al Departamento de Presidencia de la Generalitat documentación "relacionada con el control y fiscalización" de dos subvenciones de 2013 y 2014 por 60.000 y 65.000 euros, respectivamente; y a la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona para que entregue expedientes de contratación de campañas publicitarias suscritos con Triacom en la época de Xavier Trías, y otros documentos como contratos, facturas y justificantes de pago.

Estas solicitudes se enmarcan dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de la extinta CDC a través de una estructura en la que se habrían alterado concursos públicos para "dirigir" los mismos hacia empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban "donaciones" a fundaciones ligadas a la formación.

Una trama en la que presuntamente habría entrado en juego Triacom, pues, según la investigación, tanto la productora como Oriol Carbó, en lugar de hacer donaciones, habrían realizado pagos a Joan Manuel Parra, administrador de Hispart, "sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda" que CDC había contraído con dicha empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral de CDC de 2010.

"La cantidad total abonada en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros", indica el auto del juez, que describe el "patrón de actuación" detectado: además de pagar gastos a CDC relativos a dicha campaña, también habría abonado otros gastos particulares de "personas ligadas directa o indirectamente" con la formación, entre las que cita a la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán; o del empresario David Madí, involucrado también en la trama.

El juez también sospecha que se habría utilizado la productora para "recibir dinero de algunas empresas que, en realidad, encubren donaciones, como es el caso de Telefónica".

En base a todo ello ha ordenado todos estos requerimientos, entre los que también se encuentra una serie de documentación a Triacom, cuya sede ya fue registrada en 2020, como diversos contratos, facturas, su libro diario, presupuestos, informes o memorias en relación con diferentes proyectos.

Pedraz pide facturación, albaranes o cualquier otra documentación que la productora haya emitido o recibido entre 2009 y 2016 en relación con diferentes sociedades, así como su libro diario.

De Mediapro quiere documentos relativos a dos programas producidos por Triacom, El Gran Dictat y Fish & Chips, entre 2009 y 2015.

Además del juez Pedraz, el Juzgado de instrucción número 1 de Lleida investiga varios casos de supuesta facturación falsa en torno a la citada productora.