«Acusar a alguien de abusos cuando jamás ni siquiera se le ha pasado por la cabeza es muy duro. Han sido cuatro años muy duros, de silencio por respeto a las familias, a los menores, al seminario y a la Iglesia, a la que quiero». Así lo ha asegurado a la Prensa Pedro Jiménez, el primer sacerdote enjuiciado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real por someter presuntamente a abusos sexuales a nueve menores del Seminario Diocesano cuando cursaban estudios de ESO entre 2013 y 2015.

Las acusaciones no le creen. Consideran que en el juicio celebrado en varias sesiones ha quedado acreditado el delito y piden una condena de 40 años de cárcel.

Pedro Jiménez, de 35 años, ha guardado silencio hasta ahora. Lo ha roto una vez que la fiscal del caso, María José García, y el abogado Rodrigo García, que ejerce la acusación particular en representación de las familias de tres de los entonces menores de edad, mantuvieran la elevada petición de condena.

El exsacerdote no ha podido más y ha querido dar su versión a los medios habida cuenta de que el juicio ha sido a puerta cerrada para salvaguardar la identidad de los ahora mayores de edad. Es consciente de que se enfrenta a una pena de cárcel muy alta, aunque también alberga la esperanza de que la resolución judicial sea lo más favorable posible para él.

El asunto es feo y condenable. De ahí que Pedro Jiménez se decidiera a hablar con los periodistas colocando en un mal lugar a los responsables de la Iglesia en Ciudad Real e incluso a toda la clerecía.

Cree que la iglesia «se ha precipitado» en su caso y que se le han atribuido conductas que nunca se han producido simplemente por el hecho de estar con menores en el Seminario Diocesano en su calidad de formador. Está totalmente convencido de que el casi continuo ambiente de dudas, de sospechas, de abusos en la Iglesia ha hecho que «se precipiten» ante cualquier indicio por pequeño que sea, ha remarcado el excura. De sus palabras se desprende que se siente víctima de esta iglesia. El procesado ha querido dejar claro que no ha habido juicio canónico alguno y ha explicado que «hubo un procedimiento eclesiástico y se tomó una resolución coincidiendo casualmente con un congreso del Papa Francisco en Roma, en febrero de 2019, para tratar de unos casos de abusos». Según el exsacerdote, les vino bien llevar el suyo. Esta es una de las razones por las que «se precipitaron», ya que el caso estaba abierto, ha recalcado.

Además, considera que «es incoherente» que la propia Iglesia manifieste en un comunicado que «pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fueran o no constitutivos de delito y se adelante a la propia Audiencia y tome una resolución».

El entonces obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, puso en conocimiento de la Fiscalía una investigación interna abierta por el Obispado. Según pudo saber entonces este diario, fueron personas cercanas a los alumnos las primeras en denunciar comportamientos y actuaciones del sacerdote respecto a los alumnos. El rector del Seminario informó al obispo y se abrió una investigación interna y después se puso en conocimiento de la Fiscalía.

El excura lo ha negado en el juicio y hoy ante los medios. En cuanto a la resolución eclesiástica ha explicado que se negó a cumplirla porque desde el primer momento ha defendido su inocencia. «No hice lo que decían que tenía que hacer: irme a un monasterio. Soy inocente y no tengo que ir a un monasterio. La Iglesia actúa así, o vas a un monasterio, o a Roma a estudiar o te cambia de parroquia», dice dolido al insistir en su inocencia.

«Soy un formador y pido perdón si en algo me he equivocado en el día a día con los menores, en la formación, en la educación, o en pedagogía, pero de ahí a hablar de abusos no, porque nunca los ha habido», ha concluido.