Apocado y encogido. Esta es la imagen del hombre que se enfrenta a una condena de 13 años de cárcel por presuntamente  provocar y agredir sexualmente a una menor de 14 años con una dicapacidad psíquica del 36%.

Los hechos ocurrieron el verano del 2015 en Luciana donde la adolescente solía acudir los fines de semana y donde conoció al encausado, un hombre de iniciales F. M. P. P., que entonces tenía 35 años. Ambos iniciaron una amistad, que pasó a ser algo más en octubre. Hoy, cuatro años después, ambos han coincidido en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Y ambos han mantenido sus versiones.

El acusado ha reconocido parte de los hechos. Ha declarado que las relaciones fueron «consentidas» sin llegar a la penetración. En su descargo ha afirmado que no sabía que mantener relaciones con una chica de 14 años era delito y tampoco el alcance que tenía mandarle vídeos «subidos de tono», de contenido pornográfico.

El acusado de espaldas conversando con su abogado - Foto: Rueda VillaverdeLa víctima le ha desmentido. Ha asegurado que se aprovechó de ella tras ganarse su confianza y valiéndose de su minusvalía, como sostienen y creen acreditado las acusaciones.

 El fiscal y el letrado de la acusación particular consideran los hechos denunciados en octubre de 2015 constitutivos de  un delito de agresión sexual, por el que piden una condena de 12 años de cárcel y otro de provocación sexual por el solicitan un año más de privación de libertad.  

El abogado Ángel Rico, que se  hizo cargo de la defensa del encausado por el Turno de Oficio, discrepa abiertamente de las acusaciones y ha mantenido su petición de absolución al entender que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan. La línea de defensa de Ángel Rico ha gravitado sobre «un error de prohibición», ya que sostiene que su cliente desconocía que la relación que mantenían era delito. Además, a este respecto, el abogado ha aludido a la reforma legislativa que entró en vigor en julio de 2015, en virtud de la cual se modificó la edad para mantener relaciones consentidas con menores, pasando de 13 a 16 años.  Un hecho, que según el  letrado, encaja en el «error de prohibición», que de ser invencible llevaría a una sentencia absolutoria y en el caso de ser vencible a atenuar la responsabilidad penal del procesado, una pena mínima. En cuanto al delito de provocación sexual, el envío de vídeos «subidos de tono», la defensa ha sostenido que el encausado sí tuvo conciencia en este caso de que no había obrado bien y por ello fue al cuartel de la Guardia Civil antes de que se interpusiera la denuncia y se iniciaran las diligencias.

En este sentido, la acusación  particular ha subrayado que fue al cuartel de la Guardia Civil porque la madre de la menor le dijo que le iba a denunciar.

Una pena «absolutamente desmesurada»

El abogado Ángel Rico considera «absolutamente desmesurada» la pena que piden las acusaciones: 12 años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual y uno por provocación sexual. El letrado ya anuncia su intención de recurrir la sentencia en casación, ante el Supremo.

Según el letrado, no ha quedado acreditado que las relaciones no fueran consentidas tras aseverar que no hubo penetración aludiendo al informe de los forenses. Además, ha añadido, «nos piden un acto de fe, creer sin demostrarlo que en estos cuatro años se ha incrementado un 30% la minusvalía que padece la víctima. En el momento de los hechos era de un 36%, la mayor parte por una enfermedad física», ha concluido el letrado.

«Quieren que acabe este infierno»

El letrado Jesús Javier Jiménez Calero, que ejerce la acusación particular, ha defendido la misma tesis del fiscal (agresión sexual y provocación) y ha asegurado que la menor y sus padres han pasado un momento difícil y «quieren que acabe ya este infierno». 

Ha explicado que se interpuso la denuncia tras percatarse los padres de que el acusado estaba mandando vídeos de contenido pornográfico a su hija. La menor no les dijo nada, se lo contó a los forenses tras la denuncia y éstos a sus padres. Hoy le ha costado mucho declarar porque ha vuelto a revivir todo y durante su testimonio no ha podido evitar las lágrimas, ha aseverado el letrado, que pide la misma pena: 13 años de cárcel y 15.000 euros por el daño moral.