23 años después de un presunto fraude millonario de alcohol se sentaban en el banquillo de los acusados seis de una docena de implicados y tres sociedades mercantiles investigadas (algunas ya han desaparecido del mapa). El juicio se celebró a últimos del pasado enero en Ciudad Real y la sentencia se acaba de conocer. Según la resolución de la juez de Penal 3, a la que ha tenido acceso La Tribuna, cinco de los procesados han sido condenados a penas de entre dos años y diez meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, uno por defraudación del IVA y otro por fraude en el impuesto del alcohol correspondiente al año 1998, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Al principal imputado se le ha condenado al pago de una multa que supera los nueve millones de euros. 

La mayoría de los investigados eran directivos o consejeros de empresas vinícolas o de transportes radicadas en las provincias de Ciudad Real (Tomelloso, Socuéllamos), Badajoz, Madrid, Barcelona, Tarragona y Córdoba. Según la Guardia Civil habrían desviado unos tres millones de litros de alcohol que, como recogen los documentos aduaneros, tenían como origen Italia y destino Portugal.

Aunque los hechos se remontan 23 años atrás, se destaparon dos años después con la detención de veinte personas en las citadas provincias por su presunta implicación en una red dedicada a importar alcohol ilegal sin pagar impuestos.

Estos hechos fueron enjuiciados en la Audiencia de Ciudad Real en lugar del Juzgado de Penal 3 donde correspondía por el número de acusados, la cantidad de intervinientes y las circunstancias derivadas del COVID-19 (distancias de seguridad y demás). Todo lo que ha rodeado a esta causa ha sido extraordinario: la trama, cantidad defraudada, número de detenidos, afectados, tiempo transcurrido y escenario donde se celebró de forma excepcional el juicio.

Un procedimiento de "extraordinaria" duración. La titular de Penal 3 ha compartido el criterio del fiscal, abogado del Estado y defensas sobre la concurrencia de la circunstancia atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebidas por la «extraordinaria duración del procedimiento», ya que aun cuando la instrucción era «compleja por la materia, la ingente cantidad de documentación y la necesidad de efectuar las pruebas periciales y testificales de un importante número de personas, no existe en cambio justificación suficiente para su enjuiciamiento nada menos que casi 19 años después del inicio de la instrucción». Este hecho ha motivado la «prescripción del delito para muchos de los implicados» y, de otro lado, que los acusados se hayan visto sometidos a este procedimiento durante demasiado tiempo. De ahí, la aplicación de dicha atenuante y la rebaja de la pena en dos grados conforme al Código Penal.

La juez indica que ha de tenerse en cuenta la entidad de los hechos cometidos, la importante cantidad objeto de defraudación, el delito fiscal y la falsedad documental en concurso medial salvo en el caso de uno de los encausados. De este modo, la magistrada ha absuelto a seis procesados y ha condenado a cinco. A Vicente Q.G. le sentencia a dos años y cuatro meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública en concurso con otro de falsedad y a una multa de 9.410.750 euros. A Juan Carlos C. R. y a Luis B.M. les sentencia a dos años y cuatro meses de prisión y multa de 4.935.479. A Fernando A. P. le impone diez meses de cárcel y una multa de 2.810.959 euros y a Juan Ignacio D. P. la misma pena de cárcel por cómplice y multa de 702.735 euros, aunque sólo es responsable civil subsidiario de 3.480.215. El abogado Dámaso Arcediano ha recurrido la sentencia al mantener la inocencia del procesado que defiende.

Hechos probados. En la sentencia se responde y razona todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de los encausados. La juez declara probado que durante el año 1998 la entiendad italiana Caviro Sociedad Cooperativa autorizada para comercializar alcohol de melaza para uso de boca vendió numerosas partidas, hasta un total de 3.370.408 litros de alcohol supuestamente destinados a una empresa portuguesa. El transporte del alcohol se acordó verbalmente con una mercantil, que a su vez, subcontrató a Hispatank S.L. domiciliada en Tomelloso. Tras los primeros 46 transportes, el grupo empresarial Cisternas Agrupadas se encargó de los restantes. Junto a un representante italiano y otras personas de la misma nacionalidad y terceros portugueses simularon actuar en representación de la empresa a la que supuestamente iba destinado el alcohol. 

Se pretendía justificar la entrada  en Portugal de la mercancía expedida sin que en realidad llegaran al país luso, ni fueran visadas por las autoridades competentes. En total fueron 46 expediciones de alcohol, de las que sólo cuatro llegaron a Portugal y a un lugar distinto del indicado en la documentación relativa al transporte y sin que se conozca con certeza el destino final en dicho país. El resto de las expediciones se descargaron en territorio español. 40 se trasvasaron a otra cisterna, en la sede de AT Logrística de Transporte, uno en Talavera de la Reina (Toledo) y el otro se dejó en la base de Hispatank, en Tomelloso.  Esta mercantil está liquidada y extinguida su responsabilidad civil directa. 

En 1998 se efectuó una segunda expedición de transportes entre agosto y noviembre, por medio del grupo empresarial Cisternas Agrupadas, de la que formaban parte otras mercantiles. Se efectuaron 71 transportes realizados por 36 transportistas. Entre 33 y 36 fueron descargados en España: Getafe (Madrid), Villarrobledo (Albacete), Almendralejo (Badajoz) y en cooperativas de la provincia de Ciudad Real, de Socuéllamos y Tomelloso, así como en polígonos industriales de la localidad madrileña de Valdemoro.

El total de las cuotas defraudadas por el grupo Cisternas Agrupadas en el ejercicio 1998 ascendió a 644.055 euros del Impuesto Especial sobre Bebidas Alcohólicas y 1.030.728 euros en concepto de IVA.