En torno a medio centenar de personas se concentraron ayer en el embalse de Peñarroya contra el borrador del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.  Con pancartas en las que podía leerse ‘Menos prohibiciones, menos restricciones y más colaboración. ¡También contamos!’, empresarios y vecinos de los municipios que conforman este espacio natural protegido, ubicado entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, mostraron su rechazo a un documento que «llevará al parque a pique y al sector a la ruina» como así comentó a La Tribuna el alcalde de Ruidera, Pedro Reinosa.      

El plazo para presentar alegaciones finalizará el 17 de mayo, por lo que el tiempo juega en contra para frenar un documento «lesivo» para los intereses de empresarios, hosteleros y vecinos del parque, a «quienes no se les ha tenido en cuenta su opinión a la hora de elaborar un borrador, que en la actualidad está encima de la mesa». La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contrató por unos 22.000 euros el servicio de una empresa para conocer las demandas y opiniones de diferentes colectivos, y esos criterios e inquietudes «que no se han trasladado en el documento y que se han guardado en un cajón», lamenta Alejandro Chillarón, portavoz del movimiento vecinal, surgido a raíz de la presentación pública del PRUG.  

Un borrador que «cataloga a las empresas como una amenaza» para las Lagunas de Ruidera, que «prohíbe la pesca en el 80 por ciento del parque y los hidropedales» y que «perjudica seriamente los intereses de la empresa», por lo que el PRUG «no tiene un equilibrio entre lo que es la explotación y la actividad económica, y la regulación de la protección de la naturaleza». Un equilibrio, insiste Chillarón, que es «totalmente posible», por lo que no pararán hasta que se tengan en cuenta sus propuestas y alegaciones. De momento ayer, y aprovechando que la Junta Rectora del parque se reunía en Peñarroya, se dejaron oír, pero su lucha continuará en los próximos días con un calendario de actuaciones en el que no se descarta reclamaciones judiciales para conseguir su anulación y una manifestación, de la que aún no hay una fecha concreta aunque  todo apunta a que sea este domingo. Incluso la próxima semana se prevé un encuentro con el director general de Política Forestal y Espacios, Rafael Cubero, para debatir y analizar el documento.

El alcalde de Ruidera, Pedro Reinosa, presente en la reunión de la Junta Rectora y que abandonó ante la «desidia y la actitud» de los representantes de la Administración,   mostró su total rechazo a un borrador que «va en contra de todos y de todo». En este sentido, considera «innecesario» el gasto de 800.000 euros para la creación de un carril bici que más que un beneficio para el parque será un perjuicio «con la provocación de accidentes y restricciones» o la creación de una nueva Oficina de Turismo cuando «la de Ruidera está prácticamente cerrada todo el año». Aunque también expresa sus dudas sobre la ubicación de los aparcamientos, pues «no se aclara, entre otras cosas su capacidad».

Compensar a los afectados.

Pilar Martínez Abogados reclama que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera debe recoger en su memoria económica una partida presupuestaria, «real y suficiente», para compensar a los propietarios de terrenos y titulares de derechos previamente consolidados puesto que, con la aprobación de este plan, verán limitada cualquier actividad que se desarrolle dentro de su ámbito territorial.  

A la abogada especializada en medio ambiente le sorprende que el instrumento financiero, con una cifra global de 5,78 millones de euros, para su ejecución en un período de vigencia previsto de 10 años, incluya una partida de 120.000 euros, que expresamente destina ‘Para el establecimiento de marcos de colaboración con los propietarios y otros titulares de derechos, para promover su colaboración en la conservación y en el uso público, incluyendo la protección de hábitats de interés comunitario, el turismo rural y la promoción de productos tradicionales’ y sin embargo, carece de dotación alguna para indemnizar por las limitaciones que impone.