Los números registrados en los dos juzgados Contencioso-Administrativos de Ciudad Real con jurisdicción en toda la provincia no han variado mucho en 2020 respecto a 2019, pero sí la naturaleza de providencias, autos o decretos por las circunstancias de la pandemia.

Al magistrado titular del Juzgado Contencioso número 1 de Ciudad Real, Antonio Barba Mora, ante la situación derivada de los casi tres meses de confinamiento se le ocurrió «la gran  idea de cambiar los juicios presenciales por escritos en los procesos que no hubiera testigos, ni peritos, que son el 80% en la jurisdicción contenciosa. Llamé a los principales abogados que intervienen y todos se mostraron encantados con la idea», explica a La Tribuna para, a renglón seguido,  precisar que «sólo dos o tres preferían la vista oral y, claro, se les concedió».

Este cambio ha propiciado la «tramitación de centenares de procedimientos de manera rápida y sin problemas de contagio por el virus».

El juez califica de «demoledor» el año 2020 en todos los sentidos, también en el ámbito judicial del Contencioso, ya que «se suspendieron todos los juicios. En  abril no quedaban sentencias por dictar».

Confiesa que «hemos aprendido a trabajar desde casa. Cuando ha sido imprescindible el juicio presencial se han adoptado todas las medidas para evitar los contagios; también se han conectado abogados y peritos por videoconferencia», explica Antonio Barba.

Llegado a este punto de la entrevista rubrica que 2020 ha sido el año de los autos y añade que «ha supuesto una gran novedad; nunca antes hubo necesidad de confinar pueblos enteros y de adoptar tantas medidas en relación con parques, gimnasios, residencias de ancianos, bares, centros deportivos, etc. Cuando las medidas que adopta Sanidad afectan a derechos fundamentales es imprescindible que las autorice el juez».

Antonio Barba ha dictado un buen número de autos ratificando el confinamiento de pueblos ante el grave riesgo de contagio y también muchos confinamientos individuales de personas que se negaban a permanecer sin salir de sus domicilios. Después la atribución pasó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

A estos autos, se suman otros muchos de materias diferentes y medidas cautelares como por ejemplo las relativas a extranjería y urbanismo.

Por lo demás, el número de demandas registradas en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Ciudad Real es casi el mismo que en 2019, al igual que el número de asuntos resueltos.

Los litigios más frecuentes siguen siendo los mismos: responsabilidad patrimonial de las administraciones, sanciones, permisos y expulsiones de extranjeros, reclamaciones retributivas de funcionarios y personal del Sescam, así como las plusvalías.

En cuanto a los motivos que más llevan a un ciudadano a litigar contra la Administración, el magistrado aclara que «unas veces las administraciones dictan resoluciones que no son acordes a Derecho; y otras veces los ciudadanos se creen con un derecho que quizá no tienen o es dudoso que les corresponda».

Respecto a si la lucha entre administraciones y ciudadanos es desigual y en qué porcentaje ganan unos y otros, asegura que «no es desigual». Explica que a esta jurisdicción las administraciones «acuden en un plano de total igualdad con el ciudadano, aunque a algunos responsables de la Administración les cueste entenderlo. El porcentaje ronda el 50%».

Los ayuntamientos, por la razón evidente de que hay unos 100 en la provincia, son objeto de más denuncias. También la Abogacía del Estado defendiendo la Oficina de Extranjería y la Dirección Provincial de Tráfico. Al año suelen entrar unos 400 recursos y se resuelven prácticamente los mismos.