La tarea no era fácil: presentar ante el Senado las políticas contra la violencia de género que se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha en el último año. Es decir, mencionar decretos, subvenciones, leyes, iniciativas, y ayudas que coordinar entre administraciones, que han sido muchas. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, compareció ante la Comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos aprobados en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para detallar las medidas que se ha venido aplicando en la región para erradicar esta lacra.

Pero apenas dos minutos después del inicio de su intervención, Fernández dejó claro que no se trataba de números ni estadísticas, sino de nombres propios. Nombres que han figurado en las listas de víctimas por violencia contra la mujer, y nombres que aún están por determinar como el de Nancy Paola, pendiente de clarificar, y motivo por el que la portavoz tuvo que interrumpir su intervención por la emoción. Víctima de 28 años y con dos menores a su cargo. «Tómese el tiempo que necesite» concedió la presidenta de la comisión.

Acto seguido retomó el discurso y fijó su petición en «una ley valiente» que ataje la trata contra las mujeres con fines de explotación sexual. Mencionó la puesta en marcha de un programa que buscaba «dar de comer» a las víctimas porque su situación era muy delicada, pero convencida de «es un parche». Por ello reclamó un auténtico programa de intervención social y ambicioso. «Una ley valiente que de soluciones» porque «en su inmensa mayoría son esclavas».

Tres peticiones hizo Fernández en el Senado: la adaptación de la legilación estatal de violencia de género al convenio de Estambul; institucionalizar el pacto de Estado; y «que nos tomemos en serio el sufrimiento de las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual en nuestro país».

Tarea pendiente. Los distintos grupos parlamentarios elogiaron la labor de Fernández y agradecieron la cantidad de información facilitada para la sesión. Incluso la senadora por Castilla y León deseó que la portavoz fuera su consejera dada la actividad desplegada en la Comunidad a este respecto.

Pero lejos de sentirse satisfecha, Blanca Fernández demandó aún más apoyo para elaborar, por ejemplo, «un mapa de la prostitución en España» tras comprobar que, a pesar de haber sido la primera comunidad en decretar el cierre de los prostíbulos durante la pandemia, «es complejo cerrar un club», y más aún si los proxenetas se niegan, dijo. Un mapa que «es una tarea pendiente» en nuestro país, para terminar de tomarse en serio este problema ya que la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan en estos establecimientos «son esclavas», subrayó.

La consejera aprovechó su comparecencia para presentar el video de la campaña #lasmujeresnosecompran, que arranca este mismo martes y que busca concienciar de la cantidad de dinero quemueve el sexo en España, y que se ha evidenciado durante esta pandemia, al igual que losmalos tratos, con meses en los que las denuncias y los casos de malos tratos se han disparado.

«La industria del sexo mueve tanto dinero como la industria del calzado» ejemplificó Fernández, que puso en valor las iniciativas para el empleo, ayudas a la formación, y acompañamiento a las mujeres en el medio rural, que en estos meses han visto cómo su situación se ha agravado solo por el hecho de ser mujer.

Entre las soluciones exhibió la formación en igualdad y sensibilización con una asignatura que, como sugirió, debería ser una «asignatura de país». Castilla-La Mancha impulsó el año pasado 400 planes de igualdad y sensibilización alcanzando a un total de 119.000 alumnos de la comunidad, más de la cuarta parte del censo educativo regional, además de formar a 365 docentes en materia de prevención e identificación de la violencia machista.