La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado y sancionado un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial que fue creado para encarecer los servicios prestados, fundamentalmente a compañías del sector energético y petroquímico. Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54.261.906 euros y, en caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros, como indicó ayer este organismo adscrito al Ministerio de Economía y Empresa.
Según ha podido saber La Tribuna, varias de las empresas implicadas en este cártel operan en Puertollano. En concreto, dos de ellas tienen su domicilio social en la ciudad industrial y otra en Argamasilla de Calatrava, y las otras tres poseen delegación en esta localidad. Todas ellas tienen sus instalaciones y centros de trabajo en el polígono industrial Sepes, muy cerca del complejo petroquímico, trabajando en la mayoría de los casos como empresas auxiliares para grandes compañías como Repsol. Cabe referir que en economía, cártel hace referencia a un convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial.
Las empresas sancionada por la CNMC con presencia en Puertollano son las siguientes: Proyectos y Mantenimientos de Instrumentación y Electricidad (Meisa), con 4.845.669 euros, Empresa de Montajes Hermanos Guarnizo y López (HGL), con 873.834 euros, y Montajes Mecánicos la Puertollanense, con 560.999 euros, la primera con sede social en Argamasilla de Calatrava y la dos siguientes en la ciudad industrial, mientras que Mantenimientos y Montajes Industriales (Masa), Talleres Mecánicos del Sur (TMS) y Tamoin, las tres con domicilio social fuera de Puertollano aunque con delegación en la localidad, han sido sancionadas con 14.646.829 euros la primera, 1.112.610 euros la segunda y 3.441.286 euros la tercera.
El resto de empresas sancionadas, son las siguientes: ACSA Obras e Infraestructura con 110.000 euros, Atrian Technical Services con 914.000 euros, Enwesa Operaciones con 860.000 euros, Montajes Barbadun Industrial con 38.577 euros, Grupo Navec Servicios Industriales con 9.339.700 euros, Imasa Ingeniería y Proyectos con 9.216.027 euros, Mantenimiento y Ayuda a la Explotación y Servicios (Maessa) con 3.492.973 euros, Mecánicas Bolea con 650.000 euros, Montajes Industriales Lleca (Millecasa) con 937.507 euros, Montajes Metálicos Faysol con 267.229 euros, Sacyr Nervión con 1.160.000 euros y Prefabricación y Montajes del Norte con 471.036 euros.
Por su parte, los directivos sancionados son Martín Mora, director general de Meisa, con 34.300 euros; José Miguel Barranco, jefe del Centro Operativo en Huelva y Algeciras (Cádiz) de Masa, con 44.400 euros; José María Pau, director general de Masa, con 44.400 euros; Javier Cenzano, director de Ingeniería Aplicada de Tamoin, con 30.700 euros; Alfredo Fuentes, director general de Imasa, con 24.300 euros; Óscar Exojo, director general de TMS, con 19.500 euros; Ingasi Boleda, director general de Millecasa, con 40.500 euros, y Manuel López, exdirector general de Navec, con 42.400 euros.
Además de estas multas, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público, excepto en el caso de las empresas que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC. Asimismo, la Comisión vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita.
Como indica la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel. Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.
Se han acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales» coordinados por una firma de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las compañías locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.
‘Modus operandi’. El modus operandi de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje. Posteriormente, intercambiaban versiones de archivos de Excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Más tarde, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes.
Los mecanismos de contacto también fueron evolucionando para dificultar su detección, desde faxes y contactos telefónicos, hasta whatsapps o correos electrónicos.