La cita electoral del próximo 10 de noviembre afecta de manera directa al bolsillo de los ciudadanos, ya que hasta 164.800 ciudadrealeños se verán abocados de cara a 2020 a la congelación salarial por la ausencia de un Gobierno central y de unos Presupuestos Generales del Estado que permitan hacer frente a las subidas previstas y acordadas: pensionistas, parados, trabajadores y empleados públicos se mantendrán con las mismas ayudas y sueldos.

No en vano, las cuentas que utiliza el Ejecutivo son las mismas que aprobó el Partido Popular en 2018 y que se prorrogarán por segunda vez en 2020, lo que imposibilita afrontar alzas salariales si no es a través de reales decretos. En todo caso, y en el mejor de los escenarios teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria de unos presupuestos se puede prolongar durante tres meses, no habría nuevas cuentas hasta abril del próximo año.

El colectivo más afectado por esta situación es el de los pensionistas. Un total de 99.421 personas en la provincia reciben una pensión, con una media de 925,26 euros por beneficiario, lo que supone un 3,9% respecto a septiembre del año anterior. No obstante, la revalorización de este tipo de prestaciones queda en el aire con la actual coyuntura política. Los sindicatos reclaman que esta subida vaya asociada al Índice de Precios al Consumo (IPC), «tal y como se comprometió a hacer el actual Gobierno», resalta el secretario provincial de UGT, Juan Jiménez, y es que el 0,25% anual obligatorio que establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) se muestra totalmente insuficiente.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, aseguró la semana pasada en el Consejo de Ministros que  «mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones» si el PSOE es la fuerza más votada y forma Gobierno tras las elecciones generales del próximo mes de noviembre, pero para las fuerzas sindicales no es suficiente con mantenerlo después de que el IPC haya aumentado un 12,6% desde agosto de 2008 y la revalorización de las pensiones apenas haya superado el 1% anual en la última década.

El secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, incide en que «exigimos al Gobierno en funciones que cumpla con los acuerdos alcanzados. No sólo hay que asociar las pensiones al IPC sino que tiene que haber una reforma seria de las mismas».

Desempleados y SMI. La provincia de Ciudad Real acumula 46.642 parados, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo relativos a agosto, pero sólo 23.976 reciben prestaciones por desempleo, con 773 euros de media. El índice empleado es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que lleva congelado desde 2017 en una base de 537 euros por la falta de Presupuestos Generales del Estado; la prórroga de las cuentas nacionales pospone la propuesta de aumentar el IPREM un 2%.

Desde UGT, Juan Jiménez señala que «ir a las elecciones es un mal escenario, mi percepción es que no se van a mojar para aplicar una subida del IPREM porque va asociada a los Presupuestos y hay otros muchos temas pendientes», y añade que, «la ineptitud de nuestros líderes políticos conlleva que los más perjudicados sean siempre los mismos, la clase trabajadora y los que más necesitan políticas sociales».

De la misma forma, también queda en el aire la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se elevaba a 900 euros salariales en 14 pagas en enero de este año tras un aumento del 22,3%. El Gobierno había planteado una nueva alza, pero de momento todo queda en suspenso. En la provincia, según UGT, más de 6.000 trabajadores perciben únicamente el SMI. Con todo, el sindicato también reclama vigilancia ante la  posibilidad de que no todos los sectores productivos estén aplicando el SMI en las remuneraciones a sus trabajadores.

Empleados públicos. En marzo de 2018 se firmaba el II Acuerdo Para la Mejora del Empleo Público con el Ministerio de Hacienda, que  fijaba incrementos salariales durante tres años. Para 2020, estaba prevista la subida del 2% de tipo fijo y un 1% asociado al crecimiento del Producto Interior Bruto. Sin embargo, la nueva convocatoria de elecciones deja en el aire el cumplimiento de este acuerdo.

El presidente de la Unión Provincial de CSIF, Lorenzo Domínguez,  señala que «esperamos que se cumpla el acuerdo firmado en 2018. La parte fija necesitaría de un Real Decreto pero la parte variable debería ser revisada en una nueva mesa de negociación porque era un acuerdo a tres años y había un compromiso de asociarlo a un crecimiento determinado». En total, 35.433 empleados públicos, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que están pendientes de un 3% de subida salarial, un tema muy grave porque «está provocando una parálisis con graves consecuencias en el desarrollo de las políticas públicas que, entre otras cosas, han de actuar en estos momentos como dique de contención», resalta Domínguez.