La anunciada Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha se ha quedado finalmente en el tintero. A día de hoy, está en fase de borrador y por cuestión de tiempo -la legislatura está a menos de un mes de terminar- difícilmente podrá alcanzar siquiera el estatus de anteproyecto.

La Junta maneja desde hace unas semanas un borrador que parece ser el definitivo, pero aunque llegara a Consejo de Gobierno en los próximos días, es muy improbable, por no decir imposible, que reciba el visto bueno del Consejo Consultivo regional  antes del 26 de mayo y, con él, el estatus definitivo de anteproyecto.

Estatus que no es para nada baladí, ya que lo dejaría listo para entrar en las Cortes regionales y comenzar su tramitación nada más arrancar el nuevo curso político. Contando, eso sí, con que se mantengan las mismas, o similares, mayorías en la comunidad tras las elecciones autonómicas.

Y todo ello a pesar de la buena sintonía que parece reinar entre este Tercer Sector y el Gobierno autonómico, quien llegó a  encargar en 2016 a las ONG implicadas la elaboración de un primer borrador con sus propuestas, con la intención de tener en la calle esta ley en el año 2017.  

No obstante, el sector no está a priori preocupado. Como apunta Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a nivel Europea ( EAPN) y parte del equipo que ha negociado esta iniciativa legal con la Junta, el trabajo ya está hecho. Además, cuentan con el compromiso de los principales partidos (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos)  para sacar adelante esta iniciativa. Según advierte, «los partidos ven necesaria» esta ley como marco de referencia y, por ello, «tenemos la confianza de que pueda salir adelante».

Con todo, el borrador al que ha tenido acceso La Tribuna no es tan ambicioso como se esperaba en un principio. No hay que olvidar que el objetivo con el que nació esta propuesta era por un lado  definir en qué consiste este llamado Tercer Sector, algo que sí se ha conseguido y, por otro,  ‘normalizar’ la gestión de los recursos sociales púbicos (desde residencias de la tercera edad a centros de acogidas) por estas entidades privadas sin ánimo de lucro, algo que a todas luces se ha quedado pendiente.

Empezando por lo que sí se ha hecho, cabe destacar que este borrador define el ‘Tercer Sector’  como el conjunto de entidades de carácter privado «surgidas de la iniciativa ciudadana o social  bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines y de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales, o culturales de las personas o grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social».  Y, en este  punto, hace una especial mención a Cruz Roja, Cáritas, y la ONCE, por su peso específico dentro de sus respectivo ámbitos de acción.

Un definición que supone todo un paso hacia delante para estas organizaciones. Y es que, como apunta Carlos Susías, «se reconoce al Tercer  Sector como sujeto propio» y , como tal, establece  un marco de relaciones bilaterales con la Administración regional, especialmente en el marco de la Mesa del  Tercer Sector y la  prevista Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector. Sin olvidar tampoco que este texto prevé la puesta en marcha de una Estrategia de Promoción para este colectivo a cuatro años vista.

Donde no se moja este borrador en una de las demandas más repetidas por muchos de los colectivos que lo integran en los últimos años, que no es otra que la de fijar por ley que los convenios para la gestión de este tipo de recursos sociales tengan carácter plurianual. O lo que es lo mismo, garantizar un mínimo de estabilidad a estas organizaciones, que en muchos casos tienen que ir renovando año a año su concierto con la Junta, con el trabajo administrativo que ello supone y, sobre todo, con el grado de incertidumbre que puede llegar a generar, sobre todo en momentos de crisis económica.

El borrador actual se queda en reconocer  a los agentes del Tercer Sector «su condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica» y el compromiso de promover su participación en el ámbito de la Dependencia y en los sistemas de empleo, sanitario y educativo.

Todas  las referencias a cómo serán estos conciertos entre la Junta y las entidades del Tercer Sector remiten a la Ley de Servicios Sociales de 2010, aprobada en tiempos de José María Barreda, y a lo que queda aún vigente de la Ley de Garantías de Cospedal de 2012.

La misma Junta de Comunidades así lo reconoce en el informe  de alegaciones a su primer borrador. Y es que, ante la advertencia de los sindicatos UGTy CCOO de que esta intervención del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos podría degenerar en una «privatización» de los mismos y, por tanto, en «la precarización de las relaciones laborales» de los profesionales que los prestan, la Consejería de Bienestar Social responder que «este anteproyecto se limita a definir el Tercer Sector de Castilla-La Mancha, sin que se desarrolle ninguna medida ni herramienta concreta que pudiera implicar las cuestiones señaladas».

La razón de esta indefinición habría que buscarla en las recomendaciones hechas a esta iniciativa legal por la Consejería de Economía, que dice que «la participación del Tercer Sector en las políticas públicas de servicios sociales, empleo, igualdad e inclusión, no pueden contravenir lo ya establecido en las normas para garantizar la concurrencia competitiva, sobre todo cuando median recursos económicos públicos».

En esta misma línea, CCOO  y UGT también han criticado el texto actualmente sobre la mesa, por considerarlo «demasiado generalista y programático, pudiendo generar incluso  inseguridad jurídica en ocasiones, al no definir con suficiente claridad alguna de los conceptos utilizados». Tanto es así, que plantean la retirada de esta iniciativa legal y la inclusión de la definición del Tercer Sector dentro de la ya citada Ley de Servicios Sociales de 2010.

Opinión no compartida por Carlos Susías, presidente de EAPN Europa. Como insiste, lo que lo que quiere ser este texto es «una ley marco», que se desarrollará  posteriormente a base de decretos de rango inferior.  Lo importante es que el sector se convertirá con esta ley en un ente compacto en su relación con la Junta, y no en un grupo de entidades dispersas como hasta ahora, recalca.

Y entre lo previsto a desarrollar tras la aprobación de esta ley está,  insiste, el marco que regulará los convenios entre la Administración y las entidades sociales. Se verá.