El curso 2021-2022 será el último de la actual ley educativa, la Lomce, lo que implica que el próximo año será necesario planificar la nueva estructura, la contratación de profesores o el diseño de los centros educativos para la Lomloe, la conocida como Ley Celaá. Su aplicación está prevista por escalas: implantándose antes en los cursos impares de Infantil y ESO, primero, tercero y quinto, así como en el primer año de la FP básica, que se considerará también dentro de la escala básica obligatoria. Se trata de una planificación que, de momento, no aparece en las plantillas, publicadas por la Consejería de Educación, la pasada semana y que apenas presentan cambios ni para Educación Infantil y Primaria, ni tampoco para las enseñanzas medias, en la provincia.
Así se infiere del balance realizado por el sindicato educativo ANPE que apunta que las unidades jurídicas, las aulas, de Infantil se mantendrán, se eliminan cuatro y se crean otras cuatro, mientras que en Primaria se suprimen catorce y se crean seis, suprimiéndose ocho. Mientras, la plantilla, los puestos de trabajo que pueden ocupar funcionarios también se reducen en 12, hasta los 2.588. Esa ligera reducción también ocurre en las plazas de maestros, 18 menos, en enseñanzas medias, profesores de Primaria, que trabajan en primero y segundo de Secundaria. Son pequeñas modificaciones que no van a implicar cierrez de colegios o cambios sustanciales, sino modificaciones puntuales que afectan sobre todo al personal educativo.
De este modo, desde el sindicato ANPE, su presidenta provincial, Mónica Sánchez de la Nieta, recuerda que «cambios no hay en las plantillas porque las instrucciones de plantilla son las mismas» y, por este motivo, se ha pedido que se modifiquen para evitar el «desequilibirio» que hay entre la plantilla orgánica y la real. Para hacer una idea, la supresión de puestos de trabajo, de estos años atrás, implica que exista muchos funcionarios sin destino definitivo, teniendo que participar en los actos públicos en verano. Igualmente supone que hay más necesidad de contratar interinos para completar las plantillas de los centros educativos y que, en muchas ocasiones, no se contratan por jornadas completas, sino medias o tercios de jornada potenciando el empleo precario. «Ese desajuste se utiliza para completar las necesidades pero limita la movilidad del profesorado e impide la estabilidad en las plantillas de los centros», dijo Sánchez de la Nieta, ya que no se crean puestos que puedan ser ocupados por funcionarios de carrera.
La presidenta de ANPE recordó que no hay cambios importantes en plantillas a pesar de la reducción de ratio del año pasado y señala la necesidad de recuperar las plazas suprimidas durante la crisis, más de 800 puestos de apoyo en Infantil, y que siguen sin crearse en la plantilla orgánica de los centros.
Otro ejemplo de esa diferencia es que el próximo curso se deberá aplicar la Lomloe, donde la FP cobra mayor relevancia. La plantilla orgánica del profesorado de enseñanza de Formación Profesional no se encuentra ajustada a las necesidades reales de los centros entiende ANPE. La mayoría de los ciclos formativos tienen un cupo ordinario y extraordinario para cubrir sus enseñanzas que se completa con profesorado interino año tras año. La mayoría de Ciclos Formativos de grado medio y superior, que llevan impartiéndose «cinco o diez años», no tienen una plantilla estable para atender los grupos de alumnos pese a que se plantea la FP como futuro profesional. Sánchez de la Nieta expuso que esto deberá cambiar si verdaderamente se piensa hacer una apuesta por estas enseñanzas, tal y como contempla la nueva ley educativa.