El campo de la provincia respira finalmente con tranquilidad después de que la propuesta de reforma laboral permita, si finalmente sale adelante en el Congreso, «salvar» las dos grandes campañas agrícolas de la provincia, la vendimia y el olivar, según informaron desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real, que destaca que en este caso se ha conseguido solventar en Castilla-La Mancha «este obstáculo», que no será tan favorable para otras regiones en cuanto a la contratación de temporeros. 

«Se ha logrado después de hacer un gran esfuerzo contra los principios que tenía al inicio el Ministerio de Trabajo, que eran inadmisibles y desconocedores del sistema, y eran imposibles de cumplir», detalló a este diario el gerente de la asociación agraria, Agustín Miranda, quien explicó que para los contratos eventuales hay dos tipologías: una para afrontar el incremento de la producción no programada, con una contratación hasta seis meses «que por convenio se puede incrementar», y otra para campañas, que tiene que ser de 90 días no continuos. 

De este modo, recordó que al principio de toda la negociación de la reforma estaban «muy preocupados», si bien finalmente, «gracias a la defensa que ha hecho Asaja, ha dado parcialmente sus frutos». 

Con lo que todavía están muy preocupados en el sector es con los «ataques desde distintos ámbitos» que están sufriendo en las últimas semanas y que motivarán una serie de movilizaciones que en el caso de Ciudad Real se podrían concretar el lunes en un comité ejecutivo y que podría tener lugar en febrero. En este caso, además, el agua será el motivo central de la protesta, dado que «no es de recibo que una administración como la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el siglo XXI tenga las deficiencias de gestión administrativa que tiene», dijo Miranda al tiempo que recordó que en algunos casos la CHG tarda «uno, dos o tres años» en responder a una petición, «con independencia de qué se trate». 

Por ello, Asaja considera que se trata de unos tiempos «desproporcionados por la propia ley» y que se suman a unas políticas de recorte de agua que «empobrecen a la región año tras año».