El responsable del área de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Ejecutivo de la Nación, José Luis Escrivá Belmonte, destaca la importancia de la gestión política en asuntos tan importantes como la creación de la renta mínima vital para las familias más vulnerables en un momento de crisis económica, así como el trabajo que se está haciendo desde el Pacto de Toledo para que las pensiones sigan ganando poder adquisitivo y el sistema público sea sostenible también en las próximas décadas. En este sentido, uno de los puntos que más interés tiene en sus planes a corto plazo es reducir las prejubilaciones con medidas que desmotiven a los trabajadores con penalizaciones en su cuantía y, en la medida que sea posible, que se pueda retrasar la edad legal del retiro más allá de lo que marca la ley mediante incentivos económicos en los últimos años de cotización.

¿Usted fue uno de los grandes impulsores dentro del Gobierno de coalición del proyecto del ingreso mínimo vital y casi un año después de su entrada en vigor apenas llega al nueve por ciento de los hogares más vulnerables, ¿cuáles son las razones de este bajo porcentaje de aplicación cuando la previsión inicial era llegar a aplicarlo al 25% de hogares bajo el umbral de la pobreza?

No está tan lejos de lo que pensábamos llegados estos momentos, piense que hemos llegado a los 250.000 hogares beneficiarios en sólo un año de aplicación de la medida, cuando las comunidades que han estado desplegando rentas de este tipo han llegado aproximadamente a los 300.000 en tres décadas, además es importante indicar que hemos tramitado un millón trescientas mil solicitudes, hemos resuelto más de un millón y en estos momentos tenemos algunas en trámite, ya que se han pedido aclaraciones, y estamos trabajando hacia adelante en ir viendo exactamente cómo podemos llegar a más y aproximarnos a ese número de referencia que teníamos marcado y desde luego vamos a cumplir.

¿La pandemia ha acrecentado más si cabe el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país, ¿hasta cuándo puede mantenerse teniendo en cuenta la proporción de cotizantes por pensionista?

España no tiene un problema agudo de sostenibilidad de pensiones, creo que eso es algo que está mal percibido por algunos, apoyado con informaciones a veces interesadas. Nuestro país tiene un gasto en pensiones de 12 puntos del Producto Interior Bruto y con el nivel de cotizaciones sociales, que es relativamente alto a nivel internacional, y sobre todo con la reforma de 2011 y el hecho de que España tenga desplegada en el año 2017 la edad de jubilación en los 67 la sostenibilidad del sistema es absolutamente alcanzable con determinados ajustes de ingresos adicionales en los que estamos trabajando, pero es un problema manejable, piense que en un país como Francia ese gasto en pensiones llega a los 17 puntos del PIB.

La propuesta de incentivar la demora en la edad de jubilación ofreciendo a los trabajadores un pago único de hasta 12.000 euros o un incremento porcentual de la pensión de un cuatro por ciento por cada año de demora, ¿no resulta algo paradójica en un país que lidera el paro juvenil en la Unión Europea, con una tasa de desempleo cercana al 40 por ciento entre los menores de 25 años?

Digamos que éste es otro de los lugares comunes muy extendido, como el tema de las dudas sobre el mantenimiento del sistema de pensiones y, en ese sentido, hay una evidencia abrumadora: las personas experimentadas en los últimos años de su carrera profesional no son nunca sustituibles por personas muy jóvenes, nosotros somos un país con una tasa de paro elevada, pero con una tasa de ocupación en el tramo de edad de 55 a 70 años en donde estamos muy mal.

¿Está garantizada la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC en el futuro inmediato?

Sí, es un acuerdo básico del Pacto de Toledo y es un elemento central de la reforma de la Ley de Seguridad Social que llevaremos al Congreso de los Diputados de forma inminente.

A su juicio, ¿debería seguir apoyando el Estado complementos privados a las pensiones públicas?

Creo que el Estado, a través de exoneraciones en beneficios fiscales en el IRPF, ha estado hasta ahora apoyando más planes individuales, sabemos que los beneficiarios de estos planes son personas con rentas más altas y además son un producto extraordinariamente caro, el coste que supone un plan de pensiones individual está en torno a un punto y medio de rentabilidad y los primeros puntos de rentabilidad van a pagar comisiones bancarias de distinta naturaleza, por lo tanto no debe extrañarnos que hasta ahora haya sido un producto utilizado por personas con patrimonios altos a los que podía interesar, porque el beneficio está en el arbitraje entre tu tipo marginal hoy y el tipo marginal cuando te jubiles. 

El beneficio fiscal así definido no ha ayudado a expandir el ahorro a medio plazo, pero en cambio sabemos que los planes colectivos de empleo son un instrumento más progresivo y bastante más barato, el promedio de las comisiones en éstos ronda el 0,3%, frente al 1,5% de los individuales, imagínese el coste de rentabilidad durante 30 años. Por lo tanto, el Gobierno de España pondrá en marcha distintas iniciativas para intentar propiciar que la materialización de ese ahorro se haga a través de planes de empleo, primero mediante la reforma del beneficio fiscal como se ha hecho este año y después mediante el impulso de un fondo que permita llegar a trabajadores autónomos o a trabajadores en las pymes que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de suscribir un plan de esas características.

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo sistema de cotización de los autónomos y cuántos tramos incluirá finalmente?

Estamos trabajando en torno a 13 tramos y lo que vamos a hacer es un despliegue gradual en el tiempo, la clave, como cualquier reforma de un régimen de Seguridad Social, es hacerlo de forma progresiva para que se puedan ir adaptando los distintos beneficiarios y también la propia Seguridad Social.

La llamada Ley de Segundas Oportunidades, un mecanismo habilitado en la Ley Concursal, podrá permitir al deudor comenzar nuevas iniciativas empresariales o laborales sin el lastre que le supondría tener que atender pagos anteriores...

Sí, es algo que no está en mi ámbito directo de responsabilidades, pero en efecto el Gobierno está trabajando en la mejora de todo lo que es el régimen concursal.

En relación a la crisis sanitaria, el sindicato CSIF denunciaba hace unos días que la Seguridad Social no había reconocido ningún caso de enfermedad profesional por el Covid-19, ¿qué debe decir a ese respecto?

Es algo que se aprobó el pasado mes de febrero y está dirigido a personas que puedan haber tenido secuelas después de haber sufrido la enfermedad y exige un informe de cualquier compañía de riesgos laborales. La verdad es que dos meses no es un período suficiente para evaluarlo, pero el grado de protección a los sanitarios es desde luego muy alto.

En materia de inmigración se han prorrogado los permisos de residencia y se revisaron los plazos administrativos por la situación creada por el Covid, ¿es el momento ahora de poner freno a la irregularidad y en trabajar para la aligación del período de retorno con los países de origen?

Ese siempre es un objetivo a a alcanzar. Seguimos teniendo el problema de que los países con los que tenemos acuerdos de retorno, fundamentalmente los de la zona del Magreb y otros como Senegal, tienen cerradas las fronteras por la extensión del Covid-19 y eso dificulta muchísimo el retorno. El problema migratorio que hemos tenido durante estos últimos meses tiene que ver directamente con la pandemia y esperemos que cuando ésta remita se pueda ir reconduciendo poco a poco.

Desde la óptica de un miembro del Ejecutivo de coalición que no está adscrito al PSOE ni a Unidas Podemos, ¿cómo definiría la relación y el debate en la acción de gobierno que a veces se percibe bastante tenso desde fuera?

Pues debo decir que cuando leo algunas narrativas que circulan por ahí sobre el funcionamiento interno de este Gobierno, sinceramente la brecha entre eso que se cuenta y lo que yo vivo es realmente enorme. En mi opinión, el mecanismo de gobierno funciona razonablemente bien.

La creciente tensión política, basta observar la campaña de las autonómicas madrileñas, y la falta de consenso en algunos temas claves, ¿son un hándicap para superar las consecuencias de la profunda crisis que nos traerá la pandemia del coronavirus? 

Bien, puedo decir por ejemplo que en mi ámbito de responsabilidades el ingreso mínimo vital, que supone un cambio de estructura en el Estado del Bienestar y en cómo se aproxima éste a la hora de proteger a los más vulnerables, se aprobó sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados, y el Pacto de Toledo y las recomendaciones que se nos elevaron fueron aprobadas con sólo dos votos en contra. No podemos olvidar que se ha producido ese consenso en temas tan claves como esa renta mínima o la reforma de las pensiones y yo espero también que en el ámbito migratorio la reforma de la Ley de Extranjería de 2001, al menos elementos importantes contenidos en su Reglamento, podamos ir modificándolos para que España pueda abordar ese reto migratorio que tiene planteado a medio plazo como resultado del envejecimiento de la población y lo pueda hacer en el marco de un sistema de emigración ordenada, regular y también bien planificada.

Finalmente, el Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado hace apenas unos días por el Ejecutivo de la Nación, ¿debe ser el pilar básico para consolidar esa remontada progresiva en todos los órdenes de actividad?

Es, sin duda, un elemento clave que va a permitir que la recuperación sea más rápida y vigorosa y, en la medida que permite focalizar el gasto público en inversiones que expanden el potencial de crecimiento de la economía, permitirá que el aumento a medio plazo del bienestar de los ciudadanos sea grande, además el Plan no sólo contiene un volumen de inversión elevadísimo, sino que incluye una serie de modernizaciones en la economía española que son realmente muy necesarias.