Un incremento sucesivo de la pendencia hasta rozar la saturación y creciente entrada de asuntos. Esa es la mejor definición del día a día del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real desde que en diciembre de 2017 asumiera la competencia exclusiva y excluyente de todos los asuntos que se regulan en el Real Decreto-Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo en la provincia. Es el único juzgado de Castilla-La Mancha encargado durante todo este año de los pleitos de cláusulas abusivas. Por si fuera poco, también tiene encomendada la competencia del Registro Civil de Ciudad Real.

Según explica a La Tribuna el titular del Juzgado, el juez Gonzalo de Diego, además del conocimiento de los asuntos civiles relativos a cláusulas suelo y similares, los de índole penal y las funciones de Registro Civil suponen «un exceso de carga de trabajo respecto del resto de Juzgados de igual clase».

Las cifras avalan la comparación del juez Gonzalo de Diego porque esta atribución de la competencia exclusiva ha hecho que de una pendencia de 178 procedimientos de orden civil en tramitación el año 2017 se pasara a 1.596 asuntos contenciosos en 2018, a 2.206 en 2019 y a 2.526 el pasado 2020, la mayoría de ellos relativos a cláusulas suelo.

 Además, se registraron un total de 1.398 contenciosos de los cuales se han resuelto 1.078 asuntos y, a pesar de la situación generada por la pandemia, se dictaron el año pasado 953 sentencias, 187 autos finales y 271 decretos. También se resolvieron tres asuntos importantes de familia.

En lo que concierne al Registro Civil, el titular del Juzgado número 3 asegura que «mantiene una carga sostenida de trabajo, básicamente en dos apartados: inscripciones de todo tipo y expedientes gubernativos», aunque en este último caso se ha observado un retraso en la tramitación, consecuencia lógica de la situación originada por el COVID.

Como novedad, hay que destacar que en 2020 se implantó la cita previa a través de Internet, aunque «se sigue atendiendo a las personas que acuden presencialmente, muchas de las cuales no tienen el necesario conocimiento tecnológico o los medios necesarios para utilizar dicho sistema», aclara el juez.

El trámite de los expedientes de nacionalidad se ha agilizado porque, una vez concedida o denegada la nacionalidad por la Dirección General, la resolución se remite para extender la oportuna inscripción, en su caso, por vía telemática, a través del programa Inforeg y a continuación se procede al acto de la jura y posterior inscripción en el Registro Civil, de forma que se acorta notablemente esta fase.

El juez indica que desde julio de 2018 el juzgado ha contado con un juez de refuerzo, puesto que en un primer momento desempeñó una juez en prácticas y luego los magistrados Agustín Calcerrada y Santiago Tudela.