La reforma laboral que pactaron el Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos tendrá una especial afectación en la provincia de Ciudad Real debido a la alta temporalidad con la que cuenta para el desarrollo de las distintas campañas agrícolas, como es el caso de la vendimia, la recogida del olivar, la campaña del melón o la de la sandía. Eso hará que sea «la puntilla para muchas explotaciones» de la tierra, advirtió el presidente nacional de Asaja, el ciudadrealeño Pedro Barato, quien en declaraciones a este diario aseguró que las nuevas reglas del mercado laboral afectarán «de lleno» a Castilla-La Mancha y en particular a la provincia.
Explicó que si bien es una reforma laboral que «vale para muchas empresas o para determinados colectivos, para el sector agrario es imposible», pues advirtió que «va a encarecer muchísimo todo» y lamentó que «la temporalidad, las campañas o los ciclos climatológicos no se han contemplado en esta reforma». Por ello, tratará de convencer al Gobierno en relación a las condiciones de los temporeros. «Que si para los contratos temporales en origen nos recomiendan que sean de 120 días, que sean como mínimo de 120 días, y si se necesitaran más días, tenemos negociaciones colectivas en todas las provincias y de acuerdo con los sindicatos, establecer un periodo más largo», comentó Barato asegurando que hay margen para establecer cambios en dichas condiciones y que «lo que hace falta es voluntad política».
Además, calificó de «netamente insuficientes» los 90 días para pasar de temporales o fijos discontinuos, lo que «va a incrementar el coste en prestaciones, en cotizaciones o de despido», por lo que insistió en que será «la puntilla» para un sector que ya ha sufrido un incremento del 33% de los costes laborales en dos años y que podría llegar hasta el 40% con las nuevas reglas laborales.
Del mismo modo, recordó la crisis que vive el sector, en particular la ganadería, y el incremento de las materias primas que sufre, por lo que aseguró que se mantendrán las movilizaciones previstas por el sector, que en el caso de la provincia podría tener lugar en febrero (en razón de la evolución de la pandemia) y que, «casi con toda seguridad», estará especialmente vinculada a la escasez de agua para regadío.
Acciones judiciales contra Garzón.
El presidente nacional de Asaja también se pronunció sobre las declaraciones del ministro Garzón, que calificó como «una irresponsabilidad más» por su parte y avanzó que «desde luego si en las exportaciones y en el mercado se nota, iremos contra Garzón jurídicamente para pedirle daños y perjuicios». Barato se refirió a la legislación existente al respecto y criticó que al hablar Garzón de «carne de peor calidad está poniendo en tela de juicio la labor de veterinarios, farmacéuticos, los laboratorios...», y apuntó que «una explotación agraria hoy tiene más controles que una persona humana».