La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó ayer con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año con efectos desde el pasado1 de enero. 

Batet destacó la voluntad de los sindicatos de alcanzar acuerdos y la mejora de derechos laborales y salarios que se consigue con el pacto suscrito, tras 10 años sin renovarse, y que beneficiará a más de 40.000 trabajadores. 

El convenio supone un incremento para los trabajadores de los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019. 

En concreto, se dió el visto bueno a un alza del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de mejora general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 20 euros más al mes. 

De esta forma, el salario mínimo del personal laboral, en torno a 10.000 trabajadores, subirá un 9,36% este año, que unido al 2,25% de subida general alcanza el 11,6%, hasta llegar a los 1.136 euros. Para 2020, la subida podrá alcanzar un máximo del 14% y llegar  a los 1.200 euros 

Además, se contempla un alza lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, de forma que una vez que entre en vigor, los trabajadores cobrarán los atrasos, previsiblemente antes del verano. 

El convenio tendrá un coste en torno a 25 millones de euros, de los que 10,17 millones se financian con los fondos adicionales. Además, desde 2020 se comprometerá un 25% más de esta cuantía para implementar medidas retributivas de homogeneización.

 El Gobierno explicó que con el IV convenio único se establece una clasificación profesional conforme al sistema educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, equiparándose con el resto del mercado laboral del Estado. 

Asimismo, se ordenan los puestos en función de los niveles de titulación, formación y capacitación para las diferentes funciones requeridas por los servicios públicos, se ordena la movilidad y se favorece su promoción profesional.