La presión de los sindicatos y la extemporánea reacción del Gobierno han surtido sus primeros efectos en las negociaciones para cerrar la reestructuración de Caixabank tras la fusión con Bankia. Pocos días después de presentar su plan de despidos incentivados, el mayor de la historia de la banca en España, la entidad rebaja el ERE en 500 empleados, hasta los 7.790, y promete recolocar a todos los afectados dentro del propio grupo o en filiales o participadas. Tanto de lo mismo en BBVA, que tras anunciar la semana pasada otro ERE para 3.798 trabajadores, ahora ofrece a quienes despida recolocaciones indefinidas o con autoempleo e insiste en mantener una actitud dialogante en pro de la paz social que ha presidido hasta ahora estas negociaciones. Así ha sido hasta ahora en todos los procesos similares que ha afrontado el sector desde que emprendió su reorganización hace ya más de una década, con cerca de 100.000 afectados. Por eso ha sorprendido tanto que en la última semana varios ministros, tanto socialistas como de Unidas Podemos, hayan subido tanto el tono contra los directivos de la banca, hasta el punto de amenazarles directamente con maniobrar para recortar sus retribuciones, mientras les reprochaban, como si tuviesen alguna culpa, la ‘extraordinaria’ ayuda pública recibida estos años.

Se puede afear a la banca que destruya puestos de trabajo al tiempo que sus directivos perciben elevadas remuneraciones que no parecen corresponsables con la situación económica del país, pero no se puede obviar que ha sido el propio Gobierno y los supervisores español y europeo quienes han empujado a estas fusiones con estas sabidas consecuencias en el empleo. El principal mecanismo, y en el Ejecutivo lo saben bien, para combatir la mengua de la rentabilidad en el sector financiero, máxime en las circunstancias actuales, es actuar sobre los costes mediante reducciones de la red comercial y ajustes de plantilla en línea con las facilidades que la digitalización proporciona. Los cierres de oficinas y los recortes masivos de empleo son dolorosos pero ineludibles para garantizar su supervivencia. Y por mucho que ponga el grito en el cielo, el Gobierno era conocedor de que esto ocurriría desde el mismo momento en que dio el visto bueno a la operación de integración de Bankia en Caixabank. Esa fusión nació con un ajuste de plantilla bajo el brazo, y ahora nadie debería hacerse el sorprendido, y menos el ofendido. El mar de fondo de esta polémica es que bancos y directivos atesoran, en parte con merecimiento, un grave problema de percepción pública y de eso se aprovecha quien cojea de populismo. Pecan de oportunistas quienes ahora han visto que este ataque podría reportar algún rédito en las urnas del 4 de mayo, aún obviando que en este caso resulta especialmente demagogo.