El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los años 2006 y 2017, y entre sus conclusiones pone la lupa sobre dos de los proyectos que mayor desembolso supusieron para el Ayuntamiento de Puertollano con subvenciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) a través de los diferentes Planes del Carbón. Se trata de la construcción del pabellón ferial La Central, por importe superior a los 12,3 millones de euros, y el parque del Terri, con 6 millones de euros.
En informe, al que ha tenido acceso este diario, hace referencia a la justificación de la titularidad de las infraestructuras subvencionadas en el apartado que analiza la documentación presentada como justificación de las subvenciones.
El informe del Tribunal de Cuentas señala que el Ayuntamiento de Puertollano, por medio de certificación del secretario de la Corporación de 24 de octubre de 2018, señaló que no se podían inscribir en el libro de inventario municipal los terrenos y vuelos cuyas obras fueron financiadas por e Instituto del Carbón al ostentar la Administración municipal únicamente la posesión de los referidos terrenos y edificios. La incidencia afectaba a tres convenios, cuyas actuaciones se referían a las tres fases de la construcción del pabellón ferial La Central y a la recuperación de entornos mineros por importe total de 12.330.000 euros. A su vez, con idéntica casuística se encontraba el convenio cuyo objeto era la elaboración del proyecto técnico y construcción de un parque urbano para rehabilitación de escombreras de carbón por 6.000.000 euros.
Según recoge el Tribunal de Cuentas en su informe, «la adquisición de la posesión de los referidos terrenos y las construcciones asentadas en los mismos derivaba de un convenio suscrito el 30 de mayo de 2008 entre el Ayuntamiento y dos empresas que fue firmado con posterioridad (4 de marzo y 7 de abril de 2008) a dos de los convenios que suscribieron el IRMC y el Ayuntamiento para financiar las obras que se asentarían sobre esos terrenos. En consecuencia, se concedió una subvención para financiar unas obras sobre unos terrenos de los que el Ayuntamiento no era propietario cuando se firmaron los convenios con el IRMC».
Tras examinar la documentación de estos expedientes, el Tribunal de Cuentas verifica la existencia de un certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento, de fecha 26 de noviembre de 2009, con el visto bueno del entonces alcalde, Joaquín Hermoso Murillo, condenado por prevaricación por las obras de la plaza de toros, que hacía constar que las obras previstas se desarrollarían sobre una parcela propiedad municipal, «extremo que no concuerda con el emitido el 24 de octubre de 2018, al que se ha aludido anteriormente, donde se señalaba que el Ayuntamiento era un mero poseedor de los terrenos».
Alegaciones. En el trámite de alegaciones, el Consistorio confirmó que «no se han podido inscribir en el libro de Inventario Municipal los terrenos y vuelos de los proyectos fiscalizados». No obstante, aportó un certificado expedido el 12 de septiembre de 2007 en el que se indica que «existía plena disponibilidad de los terrenos objeto de la inversión, que difiere del que obra en el IRMC, expedido el mismo día, en el que se señala que el proyecto se correspondía con obras de titularidad pública».
Adicionalmente, y como se pone de manifiesto en el texto del informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento aportó al IRMC otro certificado, emitido el 26 de noviembre de 2009, en el que se manifiesta que era el propietario de la parcela, alegando sobre esta incoherencia que «se produjo una confusión con lo que sería la posesión de los mismos, siendo la intención verdadera la expresión de la plena disponibilidad de los terrenos y vuelos tal y como se desprende del certificado de 12 de septiembre de 2007», siendo todos los certificados referidos expedidos por el secretario de la Corporación con el visto bueno del alcalde.
En relación con lo alegado por el Ayuntamiento de Puertollano, el Tribunal de Cuentas reitera que «la imposibilidad de inscribir en el inventario municipal las infraestructuras financiadas por el IRMC implica no poder dar cumplimiento al requisito contenido en el clausulado de los propios convenios que señala que infraestructuras resultantes serán de titularidad pública y se inscribirán en el libro de patrimonio de la entidad local».