El 5 de febrero el Consejo de Gobierno aprobó la Ley de Evaluación Ambiental. El certificado que firmó ese día José Luis Martínez Guijarro -que es el secretario del Consejo de Gobierno- exponía que el acuerdo consistía primero en la aprobación de la ley y segundo en «la remisión del proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha». Sin embargo, un mes después de ese acuerdo, la normativa seguía sin registrarse en el Parlamento autonómico y, por lo tanto, no se ha podido calificar en la Mesa de las Cortes para empezar su trámite y que se pueda votar para que entre en vigor. Lleva un mes en el limbo.
Hasta la fecha esta normativa se encuentra atascada, soportando el mismo parón que la Ley de Garantías, aunque se aprobó una semana antes. No fue hasta el 13 de febrero cuando el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, informó de que la Ley de Garantías -la de Podemos- no se remitiría a las Cortes por la actitud de protesta del portavoz de la formación morada en el Parlamento, David Llorente, del que dependen las mayorías absolutas. Hernando avanzó que no se remitiría esa ley ni ninguna de las que se aprobaran después.
La de Evaluación Ambiental no se aprobó después, se aprobó antes, pero no se ha empezado a tramitar y se antoja complicado que a estas alturas de la legislatura dé tiempo a sacarla adelante. La normativa del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se aprobó una semana antes que la de Garantías, pero para entonces ya habían empezado las protestas de Llorente en las Cortes. El 4 de febrero, Llorente se ausentó de la Comisión que votaba las modificaciones del PP a la Ley del Consejo de Formación Profesional, lo que dejó al PSOEen minoría. Eso ocurrió un día antes de que el Consejo de Gobierno diese el visto bueno a la Ley de Evaluación Ambiental.
El 7 de febrero, dos días después de esa reunión del Ejecutivo, hubo Junta de Portavoces y Mesa en las Cortes. El Gobierno regional podía haber aprovechado esa ocasión para llevar la Ley de Evaluación Ambiental al Parlamento e iniciar así su andadura. Pero no lo hizo. Tampoco ocurrió así en la reunión de la mesa del 15 de febrero, que ya se produjo después de que Page tomara la decisión de no remitir la Ley de Garantías de Podemos. Las que sí han seguido su curso son las tres normativas que ya estaban calificadas en las Cortes: la del Consejo de FP -ya aprobada- y las de Academias y Estatuto de las Personas Consumidoras. Pueden que sean las últimas de la legislatura.
Quizá la explicación de que la Ley de Evaluación Ambiental se haya visto arrastrada por el mismo destino que la de Garantías hay que buscarlo en el clima de los días previos al 13 de febrero, que es cuando el portavoz del Gobierno informó de que no se iban a remitir más leyes a las Cortes. En una entrevista a La Tribuna, José García Molina, reconoció que antes de enterarse de esa noticia, ya había un «runrún» -aunque esa palabra no le gusta- de que la situación en las Cortes era complicada. El 14 de febrero, un día después, y mientras inauguraba unas placas solares, el consejero de Agricultura daba por hecho el fin de recorrido de la ley de Evaluación Ambiental en esta legislatura. «Es una pena», comentó.
Si al final no se aprueba la Ley de Evaluación Ambiental ¿qué se pierde? Entre otras cosas, la normativa eximía del trámite de evaluación ambiental a pequeñas instalaciones (vallado de una hectárea, instalaciones de autoconsumo o establecimientos artesanales)y ofrecía consultoría gratuita a los ayuntamientos con poca población.