Castilla-La Mancha volverá a tener un órgano propio autonómico para hacer la auditoría de los gastos del sector público. Ya lo tuvo durante veinte años, cuando se llamaba Sindicatura de Cuentas. Luego se cerró en la anterior crisis, en 2014, por el Gobierno de Cospedal y desde entonces esa fiscalización se la hace a Castilla-La Mancha el Tribunal de Cuentas nacional, que asume esas funciones en las regiones que no tienen un órgano propio. Pero ese trabajo se le va a acabar, porque el Gobierno regional tiene lista la ley para resucitar a la Sindicatura, que ahora se llamará Cámara de Cuentas. 

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, contó esta mañana que el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado la ley que va a permitir su creación, que ahora se tendrá que debatir y votar en las Cortes regionales (ya será para el curso que viene, puesto que el pleno de mañana es el último del período de sesiones). Fernández señaló que trabajan con el plazo de que pueda empezar a funcionar en 2022. 

La portavoz del Ejecutivo explicó que esta Cámara de Cuentas podrá fiscalizar a todo el sector público y eso incluye al Gobierno regional, sus empresas, pero también a los ayuntamientos o a la Universidad de Castilla-La Mancha. Además esa fiscalización se podrá extender a otras entidades que tengan relación económica con la Junta.

Fernández aclaró que eso incluye a los partidos políticos, pero solo en lo relacionado con la subvención de carácter electoral que perciben. También aquí entrarían las empresas adjudicatarias de contratos de la Junta y las personas físicas o jurídicas que reciban subvención. 

«Austero» e «independiente». Fernández defendió que este organismo va a tener un «presupuesto muy austero». Aclaró que la ley señala que funcionará con un presidente y cuatro auditores como mucho, que elegirá el presidente, aunque Fernández expuso que se contempla que el personal de la Junta pueda hacer funciones adminsitrativas en este órgano. 

Fernández también avanza que será un organismo que destacará por su independencia. «Se trata de un órgano de control técnico con plena independencia en el ejercicio de sus funciones, para que pueda actuar sin ningún tipo de interferencia, con objetividad y transparencia», explicó. Señaló que el nombramiento del presidente se hará en las Cortes y tendrá que conseguir el respaldo de mayoría cualificada en el Parlamento de tres quintos. Con los números que hay ahora, el PSOE necesitaría conseguir el apoyo de Ciudadanos o del PP para elegir al nuevo presidente de la Cámara. La ley, no obstante, abre la puerta a que se pueda elegir con mayoría absoluta en una segunda vuelta, para lo que solo serían necesarios los votos del PSOE.