El gasto anual promedio por habitante en todo el Estado llegó en el año 2018 a los 140 euros y el gasto público anual promedio por dependiente atendido se situó en los 6.580 euros.

El último informe del Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, recoge que la tendencia a la baja del gasto por dependiente atendido tiene seguramente su explicación en la incorporación paulatina de los Grado I a los que se les supone una necesidad de servicios de menor intensidad que para los Grado II y III, además de que las cuantías de sus prestaciones económicas son inferiores. La subida del gasto por habitante, por el contrario, se explicaría por el incremento de personas atendidas.

En todo caso, con el actual parámetro de gasto público por dependiente atendido (es decir, sin considerar el copago), dar cobertura a la totalidad de personas dependientes en España (1.400.000) significaría una entrega de prestaciones y servicios por importe de 9.100 millones de euros. Esto implica unas necesidades de incremento en la financiación pública actual de más de 2.500 millones de euros al año. Con el copago y los sistemas de valoración y de gestión, el conjunto se acercaría a los 12.000 millones anuales (1,2% del PIB).

Para determinar la comparabilidad del gasto por unidad de consumo entre territorios, la Asociación entiende que es más conveniente considerar la población potencialmente dependiente. Así, ha tomado como población potencialmente dependiente a los mayores de 65 años y a menores de esa edad con discapacidad, evitando el efecto de que un territorio con menos población susceptible de ser atendida (por mayor juventud de su población o menor número de personas con discapacidad) resulte descompensado.

Así, el gasto medio anual por persona potencialmente dependiente en España se situaría en 625,63 euros al año. Sin embargo,  nuevamente aparecen grandes diferencias por territorios. No obstante, Castilla-La Mancha no sale mal parada en esta comparativa. El gasto público por población potencialmente dependiente ascendió en 2018 a 897,50 euros al año, por encima de la media nacional.

Por delante solo están País Vasco (971,73 euros anuales) y Cantabria (984,19 euros al año).

Por debajo de la media nacional se encontrarían Aragón (538,47 euros al año), Ceuta y Melilla (512,95), Baleares (507,68), Asturias (487,15), Galicia (480,68), Comunidad Valenciana (453,33) y Canarias (369,91).

En todo caso, concluye la Asociación, «siempre hay que tener en consideración la obviedad de que un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor. Denota sí voluntad política e inversora».

Los PGE de 2019 hubieran traído a la comunidad 21,4 millones y 826 nuevos empleos 

Para finalizar el análisis realizado, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes enServicios Sociales se plantea el «tremendo varapalo» que ha supuesto no contar con unos Presupuestos Generales delEstado (PGE) para 2019. Unas cuentas que «parecía que iban a reiniciar el sistema de la dependencia con una inversión que, aunque no llegaba a cubrir las cuantías de 2011, sí hubieran sido un importante espaldarazo para el sistema».

Los importes contenidos en el borrador de presupuestos (con un incremento de 415 millones de euros) habrían posibilidad, insiste la Asociación, acelerar el proceso de reducción de listas de espera y, por tanto, minorar los fallecimientos, explican. También habrían significado posibilidad la recuperación de derechos cercenados, incrementar intensidades y favorecer compatibilidades entre servicios.

En un escenario con Presupuestos Generales del Estado tal y como estaban presentados pero con aplicación íntegra del incremento al nivel mínimo de protección (en opinión de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes enServicios Sociales el único plausible y viable), la simulación de distribución estimada habría sido para Castilla-La Mancha de 21.452.497,22 euros. Una cantidad que provocaría unos retornos directos de 9.217.596,58 euros y la creación de 826 nuevos empleos. Asimismo, en doce meses se incrementaría el número de personas atendidas en 3.373.

A nivel nacional la cantidad recogida en el borrador de PGE de 2019 para dependencia ascendía a 415 millones. Una cuantía que provocaría un retorno directo de 166 millones y la creación de 15.658 nuevos puestos de trabajo en el sector. Se podrían, además, incorporar al sistema sin problemas a lo largo de 2019 a un total de 68.230 usuarios.