Tras doce años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el 3% de la población española (1.400.000 habitantes) presenta dependencia en alguno de los grados considerados por la Ley. En Castilla-La Mancha, según el último informe del Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes enServicios Sociales, un total de 86.579 personas presentaba dependencia en algunos de los grados a 31 de diciembre de 2018, el 4,27% de la población.

El desarrollo de la Ley ha presentado una evolución desigual que bien se puede resumir en tres fases bien diferenciadas, recoge el informe: Una fase de despegue inicial que se desarrolló desde 2007 hasta mediados de 2011 y que supuso un despegue inicial plagado de dificultades en el que, a pesar del avance, ya se percibían algunos problemas de implantación: la desigualdad territorial y la insuficiencia financiera; una fase de recortes de derechos y de estrangulamiento financiero que supuso un «auténtico» desastre para la evolución del sistema. Esta fase, añade el documento, «se inicia en 2012 y se prolongará durante casi cuatro años».

La tercera fase corresponde con el inicio de la recuperación. Hubo que esperar el ecuador de 2015, con la entrada al sistema de la totalidad de las personas con Grado I, para que la aplicación y el desarrollo de la Ley volviese a retomar cierto ritmo en cuanto al incremento de las personas atendidas.

No obstante, «aún hay pendiente mucha tarea», reconoce la Asociación. Tras las ampliaciones de calendario de despliegue, 2018 debía presentar una implantación total de la Ley y todo apunta a que la mayoría de las comunidades autónomas, al ritmo actual, no estarán en una cobertura total (superior al 95%) hasta dentro de dos años o más.

Castilla yLeón y Navarra, junto a Ceuta y Melilla, son los territorios que han logrado con su avance que la lista de espera esté ya reducida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados.

Otro grupo de regiones, el mayoritario y en el que se halla Castilla-La Mancha, aún tienen listas de espera abultadas, pero la tendencia es muy positiva de forma que a este ritmo entrarían en plena atención en menos de dos años. Se trata de Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Otras autonomías como Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco, parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer.

Por último, hay comunidades en situación preocupante como así ocurre en Andalucía, Cataluña y La Rioja. Son territorios, explica el citado informe, donde al actual ritmo de incremento de atendidos es claramente insuficiente como para absorber el ‘limbo’ de la dependencia que tienen por delante.

Listas de espera y bajas por fallecimiento. La lista de espera, recoge el informe, se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes con Grado I en julio de 2015. Desde entonces se ha ido reduciendo paulatinamente, si bien esto ha afectado esencialmente a las personas con Grado I, mientras que las personas con Grado II y III pendientes de prestación apenas disminuyen.

La Asociación espera que la lista de espera siga bajando, pero sostiene que no se puede abandonar el reto fundamental de superar la acumulación excesiva de casos con Grados II y III, algo que también presenta importantes diferencias entre autonomías.

En Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2018 y según datos del Imserso, había 38.866 personas beneficiarias de prestación con Grado II y III (91,78%); y 3.479 personas pendientes de concesión (8,22%).

La comunidad autónoma con menos porcentaje de usuarios pendientes de un servicio o prestación con Grado II y III es Castilla y León (857 personas, el 1,35%); y la que más, Canarias, con 5.052 personas, el 22,90%. Castilla-La Mancha ocupa el octavo puesto en la tabla, por detrás de la ya citada Castilla y León, Ceuta, Galicia, Melilla, Navarra, Extremadura y Murcia.

Por debajo de la media nacional  (11,23% de personas pendientes de concesión con Grado II y III) se encuentran Asturias, País Vasco, Aragón, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Cataluña y, en última posición, Canarias.