La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano, Celia Valdivia, ha citado a declarar en sede judicial a todos los componentes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la ciudad industrial de la pasada legislatura, a excepción de la anterior alcaldesa, Mayte Fernández, a raíz de una querella criminal presentada en su día contra la exregidora local, este órgano de gobierno municipal y varios funcionarios del Consistorio interpuesta por un agente de la Policía Local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses.
Según ha podido saber este diario por diversas fuentes, las citaciones tendrán lugar en el mes de marzo de este año y acudirán en calidad de investigados. En concreto se trata de los entonces concejales socialistas Miguel Peña, María Lidia Molina, Carlos Teófilo Mora, Ana Belén Mazarro, Jesús Fabián Caballero, Ana Vanesa Muñoz, Víctor Manuel Castro y Celia Villaverde, todos ellos tenientes de alcalde. Dos de ellos, Mazarro y Caballero, continúan como ediles en la actual Corporación municipal y forman parte del equipo de Gobierno. Por su parte, Muñoz sigue también como cargo público al ser nombrada esta legislatura viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por su parte, la exalcaldesa no ha sido llamada a declarar al estar aforada debido a su condición de senadora por designación autonómica, cargo que ostenta desde el pasado año tras dejar la Alcaldía al no presentarse a las elecciones municipales de mayo, siendo sustituida por la también socialista Isabel Rodríguez. En cualquier caso, estas fuentes no descartan que se cite a declarar a Fernández por otros medios. Asimismo, las fuentes consultadas señalan que también podrían acudir a declarar funcionarios municipales con presencia en la Junta de Gobierno Local del Consistorio puertollanense.
Según explicó en su día el Sindicato de Policía Local (SPL), el agente denunciante interpuso una querella criminal en relación a diversos expedientes abiertos contra él al considerar que se desprenden indicios de posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. La acusación considera que la Administración municipal redactó diversos expedientes disciplinarios «artificiosos» y anulados posteriormente en vía judicial.
Los hechos denunciados están relacionados, entre otros casos, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puertollano por el que, como medida cautelar, se suspendió de empleo y sueldo durante seis meses al citado policía local tras ser denunciado por amenazas graves contra otro agente municipal en enero de 2017. También llevó estos hechos por vía penal, con fallo favorable.
La sentencia del Contencioso, de 7 de junio de 2018, desestima la decisión de la Junta Local de Gobierno, dando la razón al demandante en sus alegaciones relativas a la «desproporción de la sanción, a la falta de justificación, así como a la falta de motivación respecto de la resolución impugnada».