Más de 350.000 euros costará a todos los ciudadrealeños no motivar un acto administrativo e imponerlo por las bravas, incluso con malas artes. Más de un 5 % del presupuesto de inversiones del año 2022 se ha esfumado por la mala gestión del área económica y de recursos humanos municipal. Ésa es la cantidad que le costará, aproximadamente, al Ayuntamiento de Ciudad Real, entre salarios dejados de percibir y pagos a la Seguridad Social el no haber permitido prorrogar la vida laboral al funcionario jefe de la recaudación municipal.
La sentencia del juez es clara y diáfana, y da un bofetón al equipo económico del Ayuntamiento, con su concejal e interventor a la cabeza, dejando en muy mal lugar la gestión de los recursos humanos y a sus responsables. Nada menos que les dice a ambos equipos que: «Un plan de ajuste no tiene nada que ver con la planificación de los recursos humanos». 
Viene al hilo la sentencia recibida para comentar algunas decisiones del equipo de gobierno actual y de su gestión municipal. La primera, en el área económica, la segunda, en los recursos humanos. En el primer caso, la Concejalía de Hacienda, que ejerce exclusivamente de 'controller' político y económico, con un interventor dopado de productividad, fuente de agravio frente a otros funcionarios, como el de la sentencia comentada, y sin más visión de la ciudad y del propio Ayuntamiento que la de una contabilidad técnica, que no es capaz de aportar más valor que el de los datos contables, pero que condiciona la vida municipal del resto de áreas y concejalías. En tanto en cuanto el área económica del Ayuntamiento no asuma otro rol político distinto que el de control presupuestario, esta ciudad será incapaz de prosperar.
Se olvidan la concejala de área y anterior alcaldesa y el concejal de Hacienda que también hay que generar recursos económicos y que ello no se consigue solo mediante la elevación de los impuestos y tasas. La gestión de los activos municipales y del patrimonio, desde el lado técnico, junto a la búsqueda de recursos en otras administraciones, desde la parte política, son la base de un presupuesto municipal que, sumado a los impuestos recaudados, otorgan la capacidad económica de la ciudad. Hagan autocrítica y realicen un balance de los ingresos en estos seis últimos años y verán lo sucedido. Pero no se molesten, ya se lo adelanto, insignificante en gestión de activos y patrimonio, y migajas en transferencias de otras administraciones comparado con otros municipios. Incluso, en el próximo año 2022.
En el segundo lugar, el de los recursos humanos. Adolece el Ayuntamiento desde hace más de veinte años, ya desde la época de Gil Ortega y de Rosa Romero, de una planificación adecuada de sus puestos de trabajo. La falta de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ajuste las funciones del puesto, con la realidad de cada funcionario, lleva a situaciones de verdaderos agravios e injusticias, donde hay funcionarios que cobran pluses desde hace 15 años, por cosas que ya no hacen, y otros, con las mismas funciones no tienen reconocido nada.
 De haber existido una RPT, que contemplase funciones y puestos, en base a la realidad de la gestión y necesidades administrativas, la sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de 350.000 euros no se había producido. Con la RPT, la decisión se hubiese basado en una planificación previa y no en una decisión unilateral del concejal de Hacienda e interventor. En definitiva, el juez le dice al Ayuntamiento que no ha motivado la decisión y que un simple ajuste presupuestario del año 2012 no se corresponde con una planificación. Lo mismo que, desde hace años, se viene diciendo desde estas páginas en el área económica, en urbanismo, en los servicios municipales, etc. Sin planificación no hay gestión. 
Pero el colmo de la incongruencia viene cuando, tirando de hemeroteca, el actual concejal de Hacienda y su actual jefa, la concejala de área y anterior alcaldesa, decían en el 2015 que se municipalizarían los servicios, entre ellos la recaudación, pero un año después despidieron al funcionario jefe que ahora ha tenido que reingresar. La remunicipalización, incluso, formó parte del acuerdo de gobierno entre Ganemos y PSOE para obtener la alcaldía. 
Cuando las decisiones y actos administrativos se pliegan a los intereses del político, sin importar las consecuencias económicas que se puedan derivar suceden estas cosas y terminan costando dinero a los ciudadanos.
La primera decisión del juez ha sido la de anular el acuerdo de urgencia de la Junta Local de Gobierno y la segunda, devolver al funcionario a su puesto de trabajo, después de cuatro años en casa, con la condena al Ayuntamiento al pago de salarios, vacaciones, Seguridad Social, etc. Todo un fracaso de gestión del área económica y de los asesores y altos funcionarios responsables del área jurídica y de recursos humanos del Ayuntamiento.