La inversión local en obra pública repunta

I. Ballestero
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La inversión local en obra pública repunta - Foto: [PABLO LORENTE; Pablo Lorente]; Pablo Lorente

La licitación desde las administraciones crece por cuarto año gracias al impulso de Diputación y ayuntamientos, que doblaron su gasto en la víspera del año electoral

La inversión en obra pública creció en la provincia de Ciudad Real en 2018 por cuarto ejercicio consecutivo. Lo hizo a lomos de las administraciones locales, Diputación y ayuntamientos, que duplicaron el montante invertido en licitación de obras coincidiendo con la víspera del año electoral. Esa subida en el gasto compensó una caída en la inversión por parte del Gobierno estatal, y se alió con un ligero incremento en el esfuerzo desde las arcas regionales para elevar el montante de las licitaciones de obra pública en la provincia por encima de los 69,39 millones de euros, el nivel más alto desde el año 2011, después de que sólo los consistorios y la Diputación provincial impulsaran dos de cada tres euros del gasto. Los más de 46 millones de euros licitados por las administraciones locales suponen, además, el esfuerzo más elevado desde el Plan E, la iniciativa del Gobierno de Zapatero que disparó el gasto en obra pública en los primeros momentos de la recesión económica.
Las cifras las recoge la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). En ellas, la licitación de obra pública en la provincia de Ciudad Real crece por cuarto año consecutivo, aunque lo hace de una manera diferente a lo que había sido hasta ahora. El año anterior, sin ir más lejos, el esfuerzo de la inversión se repartió de manera similar entre el Estado y las administraciones locales, siendo el Ejecutivo central el que llevó el protagonismo con un gasto de más de 27,91 millones de euros, por los 24,92 que licitaron los consistorios y la Diputación. Atrás quedaba el Gobierno regional, que en 2017 invirtió 8,7 millones de euros en obra pública. El año pasado, en cambio, los ayuntamientos y la Corporación provincial doblaron prácticamente el montante total de sus licitaciones para aglutinar dos tercios del gasto total en Ciudad Real.
Sólo el Estado redujo el importe de las licitaciones de obra pública en la provincia en 2018. En un año marcado por el cambio de gobierno en La Moncloa merced a una moción de censura, la inversión estatal en la provincia (en realidad la ejecución efectiva de la misma) se quedó en 12,41 millones de euros, un 56,4 por ciento menos que en el ejercicio anterior. En la moción de censura confluyeron algunos factores que lastraron la inversión, como la aprobación de los presupuestos apenas unas semanas antes del cambio en el Ejecutivo. La de 2018 fue la inversión más baja en licitación pública por parte del Estado en la provincia desde 2015, pero ese descenso fue absorbido por el crecimiento de la administración local, que prácticamente duplicó su esfuerzo inversor pasando de los 24,92 millones de 2017 a los más de 46 millones impulsados el año pasado, la víspera de un ejercicio electoral. Esa intención de dejar hechos los deberes en el final de la legislatura llevó a los consistorios y a la Diputación a alcanzar el valor más alto en la licitación de obra pública desde el final del Plan E, el programa de incentivo que impulsó el Gobierno de Zapatero para mantener elevada la inversión pública en los primeros compases de la recesión y que llenó los municipios de infraestructuras deportivas y rotondas, en su mayor parte.
También creció el año pasado la inversión promovida desde la Junta de Comunidades, aunque lo hizo en términos más modestos y fue, un año más, la administración pública con un menor desembolso en materia de obra civil y edificación, con 10,87 millones de euros, un 24 por ciento más que en el ejercicio anterior. Como es habitual, la mayor parte de la inversión promovida desde las licitaciones públicas el año pasado en la provincia fue a través de obra civil (44,93 millones de euros), por encima de la edificación (24,99 millones), dentro de la tónica dominante en la licitación pública, ya que buena parte de los contratos se destinan a mejoras en infraestructuras ya existentes como las carreteras.
una foto «irreal». La patronal provincial de la construcción, APEC, reconoce esa mejoría, pero la sitúa en su contexto. «La licitación pública ha sido uno de los capítulos más afectados, si no el que más, por las políticas de reducción de déficit llevadas a cabo por las administraciones», apuntó Manuel Carmona, presidente de la patronal de la construcción, que indicó que los cuatro ejercicios al alza son una mejoría, sí, pero constituyen «una foto un tanto irreal, porque partiendo de niveles tan bajos de inversión, cualquier alza durante varios años puede parecer un gran avance en términos relativos o de crecimiento, pero no dejan de ser todavía datos exiguos en términos absolutos».
Acerca del protagonismo de la inversión local, Carmona explicó que «la administración local debe hacer ese esfuerzo por su proximidad al ciudadano, pero a la vez debe complementar a otras administraciones, con más músculo financiero, que también deben contribuir a mejorar las infraestructuras y equipamientos de nuestro territorio», ya que «en los peores años de la crisis en torno a 2012 o 2013 y debido a las políticas de reducción de déficit, las administraciones con más poder económico no hicieron ese esfuerzo, por lo que queda mucho terreno por recuperar».
«Al pensar en obra pública, enseguida viene a la mente una carretera o una obra ferroviaria, pero no hay que olvidar que también son colegios, centros de salud o depuradoras que contribuyen de forma decisiva a mejorar la vida de los ciudadanos», puntualizó el presidente de la patronal provincial de la construcción, que al respecto de 2019 dijo que, al ser año electoral, «la tendencia en inversión pública debe seguir al alza», y señaló que «la obra pública es uno de los sectores productivos que más mano de obra intensiva genera, con lo que ello significa en la creación de empleo» y la que más revierte a la administración: «de cada cien mil euros que se invierten en obra pública, casi sesenta mil revierten a la administración en forma de impuestos, tasas, tributos o subsidios dejados de percibir», finalizó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción.