La división de opiniones sobre el primer Gobierno de España de coalición con la suma de PSOE y Unidas Podemos es fiel reflejo de la pluralidad de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja más fragmentada de la democracia. 

A falta de desvelar la totalidad de los rostros que se harán cargo de las diferentes carteras ministeriales, sí se conocen las líneas maestras del programa gubernamental a través del acuerdo de diciembre de PSOE y Unidas Podemos. Entre ellas, la derogación de la reforma laboral de 2012; el establecimiento de un sistema de cotización por ingresos reales para autónomos;subida del salario mínimo interprofesional; aumento de los impuestos a las rentas más altas; actualización de pensiones de acuerdo al IPC; implementar la perspectiva de género en las instituciones y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia machista;la limitación del precio de los alquileres... además de medidas en ámbito educativo, sanitario y de sostenibilidad. 

Entre las reacciones, el empresariado se sitúa en el desconcierto. El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, subraya en primer término que «me gusta juzgar a la gente por sus hechos y ahora mismo sólo les podemos juzgar por sus intenciones, y ese acuerdo nos produce una gran intranquilidad», y entre sus puntos revela que «la subida de impuestos generalizada, aumentar la voracidad fiscal, el aumento del gasto público… son medidas que intranquilizan y que no han funcionado en ningún país del mundo». 

Además, arguye que «la reforma laboral lo que ha hecho es ayudar a la pyme, la micropyme y autónomos. Formar a una persona cuesta mucho dinero y cuando se despide a alguien no es por gusto, es para salvar la empresa y porque no queda más remedio».

Continuando con las medidas fiscales y laborales, el secretario regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), explica,  sobre la intención de implantar  un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores por cuenta propia, que «es una medida muy complicada. Hacienda tiene nuestros rendimientos netos 18 meses después, es decir, nos van a obligar a cotizar por una situación que teníamos dos años atrás. Es una barbaridad porque los negocios son cambiantes». Además, resalta que «sólo se puede aplicar a un tercio de los autónomos, es una medida difícil de aplicar, no la veo operativa». 

expectativas. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real (APEC), Manuel Carmona, apunta que «desde el sector de la construcción, lo que primeramente se pide es que se reactive la inversión pública» en forma de políticas de vivienda y de infraestructuras, y así  espera «que nuestra región no se vea penalizada en inversión con respecto a otras autonomías, para los que nuestros representantes en las instituciones, sean del color político que sean, deben ser combativos y reivindicativos». 

Precisamente sobre infraestructuras, el presidente de la Plataforma de la N-430  y alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón,  confía en que «esperamos que este 2020 sea el año en el que, por el bien de todos, consigamos una infraestructura digna para la provincia, parece que estamos marginados y apartados del mundo. No entramos en debates sobre las variantes, lo que queremos es que se actúe en una infraestructura que ya existe y que se llama N-430». 

En materia de Función Pública, las prioridades para el presidente de CSIF Ciudad Real, Lorenzo Domínguez, pasan por «certificar cuanto antes la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos», además de «un plan de recursos humanos ante el envejecimiento de las plantillas, la homologación salarial entre administraciones, un nuevo pacto salarial que permita recuperar la estructura salarial previa al recorte de 2010 y agilizar las ofertas de empleo público y los procesos de estabilización». 

Otro de los puntos importantes del programa es la actualización por ley de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, un punto muy positivo para la Coordinadora en Defensa de las Pensiones de Ciudad Real, pero no es suficiente. Su portavoz, Augusto Serrano, señala que «el acuerdo también dice que subirán las pensiones mínimas, pero no dicen cuánto. Nosotros pedimos llegar a los 1.080 euros que la Carta Social Europea». Asimismo, Serrano apunta que «nos hemos ganado el derecho a ser interlocutores en un próximo Pacto de Toledo». 

El presidente de Cocemfe Oretania Ciudad Real, Eloy Sánchez de la Nieta, resalta que «las expectativas son buenas, el hecho de que haya en el acuerdo tres puntos dedicados a la discapacidad es esperanzador», y añade que «según mi experiencia en los gobiernos de izquierdas es cuando más se han desarrollado las leyes para la discapacidad». 

APOYOS. El mayor soporte del nuevo Gobierno llega desde las organizaciones sindicales CCOO y UGT. El secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, explica que «se abre una puerta de esperanza viendo el programa, nos hace ver la luz con aspectos que corrigen cuestiones de la reforma laboral y se alude a la mejora del diálogo social, además de la reforma de pensiones de 2013 sería derogada». Por su parte, el secretario provincial de UGT, Juan Jiménez, pone también el punto de mira en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que «se ha demostrado que repartir la riqueza es bueno, que no se acaba el mundo». 

En materia de igualdad, desde la Asamblea Feminismos de Ciudad Real, Carmen Soánez apunta que «las expectativas son buenas, es importante que haya un Gobierno progresista para aplicar la políticas sociales que esperamos».