Año tras año, las licencias de caza expedidas en la provincia de Ciudad Real han ido descendiendo. Lo ha hecho en razón de una media de mil menos al año, ya que han pasado de las 25.145 licencias expedidas en el año 2008 a las 14.170 del pasado ejercicio 2018, según los datos facilitados a este diario por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Estas cifras arrojan un descenso de 10.975 licencias expedidas en la provincia de Ciudad Real en la última década, es decir, un 43,64 por ciento menos, y reflejan una tendencia a la baja que se ha experimentado en todas las provincias de la región a excepción de Toledo, que acapara las licencias expedidas por los Servicios Centrales, las emitidas en las entidades colaboradoras de la provincia y las tramitadas de forma telemática. De esta forma, dicha provincia ha pasado de registrar 36.027 licencias en 2008 a 62.543 en 2018, un 73,60 por ciento más.

Aún así, en el conjunto total de la comunidad autónoma las cifras siguen hablando de una bajada del número de licencias expedidas, de las 142.637 del ejercicio 2008 a las 105.090 del año pasado, lo que supone 37.547 licencias menos (-26,32 por ciento), con una curva de descenso muy pronunciada de 2008 a 2013, coincidiendo con la crisis económica, para dar paso después a una contención e incluso leve aumento en algunos años.

Para el presidente de la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades Afines al sector Cinegético de Castilla La Mancha (Ática), Juan Caballero, el descenso de las licencias expedidas en la provincia se debe fundamentalmente a tres razones. La primera de ellas es el número de licencias que se tramitan de forma telemática y que, por tanto, no se contabilizan en la propia provincia. El segundo motivo que apuntó fue la crisis económica, que disminuyó el número de cazadores dispuestos a pagar por cazar en la provincia y, el tercero, es que «no hay caza menor» lo que atribuyó a la «legislación tan restrictiva» que hay en Castilla-La Mancha. «Si no hay caza, no pagan y no hay licencia», afirmó.  

En este sentido, Caballero indicó que «más de tres cuartas partes de la provincia»  pueden estar protegidas y que, al no haber un control de los depredadores, están acabando con las especies de caza menor. A modo de ejemplo, comentó que «el campo de lleno de gatos asilvestrados» y que ahora que es la época de cría de la perdiz, los gatos se comen todos los huevos de perdiz que encuentran a su paso, mermando así las poblaciones de perdices.

A estos motivos, Caballero también sumó la incidencia que está teniendo la despoblación en los pueblos. «Llevamos muchos años hablando de la despoblación y los políticos parece que se han dado cuenta ahora, cuando ellos han sido los culpables», agregó en referencia a «las limitaciones» que han impuesto con zonas protegidas en las que no se pueden instalar ni industrias ni otras actividades que generan empleo y que, por tanto, no pueden asentar población.

Para el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Natural (Aproca-CLM), Luis Fernando Villanueva, la caída no puede ser tan pronunciada en la provincia (-43%) puesto que hay que tener en cuenta las licencias que se tramitan de forma telemática y las que tienen vigencia por cinco años, si bien considera «lógico» el 26 por ciento de descenso de las licencias expedidas en la región.

En este sentido, afirmó que a la comunidad autónoma le ha afectado la licencia interautonómica que propiciaron otras regiones y de la que se quedó fuera Castilla-La Mancha. «Ha sido muy negativo para la región», dijo Villanueva para recordar acto seguido que el argumento que se ofreció por parte de la clase política era la merma de ingresos que podía haber con la expedición de licencia, pero sin tener en cuenta las consecuencias económicas que también podía llevar aparejado el que no llegaran cazadores de fuera.

De hecho, los datos en ese sentido son significativos. La Junta de Comunidades contabiliza en la categoría de ‘Otras’ las licencias expedidas a través de entidades colaboradoras ubicadas fuera de Castilla-La Mancha, que han pasado de 28.817 a 4.942 en estos diez años. Esto supone hasta 23.875 licencias menos, un -82,85 por ciento.

De este modo, Villanueva apuntó a la relevancia que ha ganado la caza mayor en la mitad norte de España y a la «falta de caza menor» en Castilla-La Mancha, del mismo modo que lamentó «la ausencia de relevo generacional» en la provincia y que los exámenes para la caza, a los que cada vez se presentan menos jóvenes, son «cada vez son más duros y suspende el 80% de la gente».

Por todo ello, abogó porque las administraciones «se tomen en serio» esta cuestión y planteen soluciones con licencias «más sencillas o cursos formativos.

En cuanto a posibles soluciones también se pronunció el responsable de la Delegación de Caza en la provincia de Ciudad Real, Manuel Aranda, quien apostó por incrementar la «caza social». Recordó que la única caza social se lleva a cabo desde la federación, para cazadores asociados, en virtud de un convenio firmado por la Junta de Comunidades en cotos de la Administración autonómica, concretamente una de caza menor y cuatro de caza mayor en la provincia. Para Aranda, esta caza social debe estar dirigida principalmente a las personas que tengan poco poder adquisitivo. También el presidente de Atica Castilla-La Mancha abogó por incrementar la caza social, un camino que inició el anterior consejero de Agricultura, Francisco Martínez-Arroyo, y que cree conveniente fomentar.

 Por su parte, Aranda también se mostró incrédulo con los datos que arroja la estadística oficial de la Junta de Comunidades, pues considera que no es posible «una bajada tan brusca de unas mil licencias al año», de manera que señala también la incidencia que ha tenido la licencia telemática y las licencias que están vigentes por un periodo de cinco años.

En este sentido, afirmó que la federación se ha mantenido «casi siempre en la misma línea» en cuanto a federados, unos 15.000 en la región y 5.000 en la provincia, aunque reconoció la bajada de licencias de cazadores de otras comunidades autónomas.